¿Es hora de la justicia reparadora? Cómo Maryland, Georgia y otros estados reevalúan el pasado y el sistema penal

Estados Unidos parece moverse hacia una mayor reflexión sobre las consecuencias de su pasado racial y la dureza del sistema penal. En una serie de movimientos legislativos destacados, estados como Maryland y Georgia están impulsando iniciativas que podrían ayudar a cerrar brechas históricas y humanizar la aplicación de la justicia. En este artículo de análisis, vamos a explorar cómo estas medidas pueden sentar un precedente nacional mediante justicia restaurativa, equidad legislativa y reconocimiento del trauma histórico.

Maryland: Una comisión que puede cambiarlo todo

El estado de Maryland se encuentra ante un punto de inflexión histórico. Con una votación de 101-36 en la Cámara de Delegados, se aprobó la creación de una comisión encargada de estudiar y recomendar posibles reparaciones por la esclavitud y los efectos persistentes del racismo sistémico en el estado.

La propuesta, que ahora espera la firma —o rechazo— del gobernador Wes Moore, ha sido una de las más fuertes prioridades del Legislative Black Caucus of Maryland. Con 66 integrantes, es el caucus negro más grande en cualquier asamblea legislativa estatal del país.

“La comisión analizará y evaluará cuidadosamente una gama de propuestas de reparación que no solo consideren restituciones financieras, sino también estrategias para apoyar y elevar a las comunidades vulnerables”, dijo la delegada Aletheia McCaskill.

¿Qué incluirían estas reparaciones?

El alcance es amplio y busca tanto resarcimiento económico como reconocimiento simbólico del daño:

• Declaraciones oficiales de disculpa
• Compensaciones monetarias
• Reembolsos de impuestos a la propiedad
• Asistencia en servicios sociales
• Exención de tarifas de licencias y permisos
• Ayuda para pagos iniciales de vivienda
• Incentivos para emprendimientos
• Perdón de deuda y pagos universitarios

El gobernador Wes Moore, el primer gobernador afroamericano de Maryland y el único actualmente en funciones en EE.UU., ha admitido abiertamente que la historia de racismo “sigue dejando huellas profundamente estructurales”. Aunque no ha confirmado si firmará el proyecto de ley, ha mencionado que su enfoque está en hacer crecer la economía estatal e invertir en su gente.

Otros estados ya se han lanzado a la acción

California fue pionero en aprobar legislación para atenuar el legado de políticas racistas, enfocándose en la devolución de propiedades confiscadas injustamente. Mientras tanto, la ciudad de Nueva York también aprobó el año pasado un proceso de estudio para posibles reparaciones.

Georgia: Una justicia más comprensiva con víctimas de abuso

Mientras Maryland mira al pasado esclavista, Georgia da un paso crucial hacia la reivindicación de sobrevivientes de violencia doméstica encarceladas. La HB 582 fue aprobada con un voto abrumador en ambas cámaras estatales y está camino al escritorio del gobernador Brian Kemp.

Este proyecto de ley permitiría reducir sentencias a personas —en su mayoría mujeres— que hayan cometido delitos como resultado directo de abuso doméstico. También autoriza estos sobrevivientes a presentar nuevas evidencias ante los jueces.

Un cambio de paradigma en la justicia penal de Georgia

“La HB 582 permitirá que la ley penal de Georgia alcance el nivel de entendimiento actual que la sociedad tiene sobre la dinámica del abuso doméstico”, apuntó el senador republicano Bo Hatchett.

Los números son contundentes: entre el 74% y 95% de las mujeres encarceladas en Estados Unidos han sufrido violencia doméstica o sexual, según la Georgia Coalition Against Domestic Violence. Esta medida podría beneficiar a más de 100 mujeres actualmente encarceladas en el estado.

Cabe remarcar que otras jurisdicciones, como California, Oklahoma, Illinois y Nueva York, ya han implementado reformas similares. Georgia se estaría sumando a una ola emergente de justicia restaurativa.

¿Y qué pasa con la inmigración?

Mientras estos estados adoptan legislaciones progresistas, el gobierno federal mantiene prácticas que muchos ven como regresivas. El Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó una redada en Bellingham, Washington, donde fueron detenidas 37 personas en un operativo en la empresa Mt. Baker Roofing.

“Entraron armados como si fuéramos criminales”, dijo Tomas Fuerte en declaraciones a Cascadia Daily News. “Tenían una lista con fotos”.

Este tipo de operativos, aunque menos frecuentes que durante el gobierno de Trump, genera temor en comunidades migrantes. Durante sus primeros 50 días de mandato, Trump registró 32,809 arrestos por parte de ICE —una media diaria de 656, comparado con las 311 al día durante el año anterior.

Una visión nacional entre avances y retrocesos

Los contrastes no podrían ser más marcados. Mientras unos estados reivindican a comunidades históricamente marginadas, el sistema federal aún recurre a prácticas coercitivas para reforzar las leyes migratorias.

También es evidente la confluencia entre justicia social y justicia penal. Reconocer el daño histórico —ya sea por esclavitud u opresión de género— es una manera de construir un entorno más justo desde la base del sistema judicial.

Como dijo Ellie Williams, directora legal de la Coalición contra la Violencia Doméstica de Georgia: “Solo hubo tres votos en contra durante todo el trámite. Ese resultado envía un mensaje contundente a los sobrevivientes de abuso: que su experiencia importa, que los valoramos, que son escuchados y que estamos comprometidos con una justicia real y reparadora”.

¿Veremos más iniciativas como estas expandirse en otros estados? Si Maryland y Georgia están marcando la pauta, podríamos estar viendo el inicio de un nuevo enfoque legislativo centrado en la reparación, la equidad y la humanización del sistema de justicia.