Violencia, abandono y resistencia: la crisis indígena que sacude a EE.UU.

Por décadas, las comunidades indígenas de Estados Unidos han sufrido las consecuencias de un sistema de justicia que no responde adecuadamente ante los altos índices de violencia, desapariciones, negligencia institucional e impunidad. Hoy, la situación ha escalado a tal punto que el gobierno federal se ha visto obligado a enviar recursos adicionales del FBI a diferentes estados para abordar esta crisis que por años ha sido minimizada.

El peso de las cifras: un sistema en deuda

La primera señal de alarma para muchos llegó con los datos recientemente presentados por el FBI: 4,300 investigaciones abiertas solo en las comunidades indígenas de EE.UU. al comienzo del año fiscal. De ellos, más de 900 eran por muertes sospechosas o violentas, 1,000 por abuso infantil y más de 500 por violencia doméstica o abuso sexual de adultos.

Estos números son apenas la punta del iceberg en una crisis que tiene raíces históricas. La desconfianza hacia los organismos federales es profunda, alimentada por décadas —sino siglos— de políticas negligentes, racismo estructural y falta de representación.

Una historia marcada por la invisibilidad

La violencia en el llamado “Indian Country” no es nueva. Hasta hace poco, casos de desapariciones y asesinatos en comunidades nativas apenas llegaban a los titulares. Fue necesario que familias, activistas y líderes tribales levantaran la voz incansablemente para que el gobierno tomara medidas.

Durante la presidencia de Donald Trump, se creó un grupo de trabajo especial para atender la desaparición y asesinato de mujeres indígenas. Sin embargo, muchos lo criticaron como una medida superficial. Fue durante el mandato del presidente Joe Biden cuando se dio un paso más decisivo: en 2021, emitió una orden ejecutiva sobre la seguridad pública en comunidades nativas que sirvió de base para impulsar nuevas estrategias de respuesta.

Además, la secretaria del Interior Deb Haaland, la primera persona indígena en ocupar ese cargo, impulsó la Ley «Not Invisible Act» que creó una comisión federal para mejorar el abordaje de casos en territorios indígenas.

Operación “Not Forgotten”: de las promesas a los hechos

Como parte de estas iniciativas, el FBI puso en marcha la operación “Not Forgotten” (No Olvidados), que en los últimos dos años ha respaldado más de 500 investigaciones, recuperando a 10 menores y arrestando a más de 50 sospechosos.

Este año, la operación contará con 60 agentes, analistas y coordinadores destacados temporalmente en oficinas de 10 estados, incluidos Nuevo México, Utah, Oklahoma, Michigan y Arizona. Cada rotación durará 90 días y trabajará de forma estrecha con autoridades tribales y fiscales federales.

La prisión como respuesta: ¿solución o retroceso?

La problemática que enfrentan las comunidades indígenas ocurre en paralelo con otro fenómeno preocupante: el impulso de megaproyectos carcelarios por parte de gobiernos republicanos en estados como Arkansas y Alabama.

En Arkansas, la gobernadora Sarah Huckabee Sanders promueve la construcción de una prisión de 3,000 camas con un costo total estimado de $825 millones. Aunque el Senado estatal bloqueó temporalmente la propuesta, el ejecutivo insiste en continuar impulsándola argumentando que aliviaría el hacinamiento en las cárceles estatales.

La respuesta carcelaria ha recibido fuertes críticas, incluso desde dentro del Partido Republicano. El senador estatal Bryan King manifestó: “No puedo imaginar entregar casi mil millones de dólares sin detalles específicos” sobre el plan del nuevo centro penitenciario.

Mientras tanto, en Alabama, la legislatura aprobó aumentar su capacidad de préstamo estatal en $500 millones para continuar la construcción de una prisión de 4,000 plazas. Esto se suma a un proyecto anterior aprobado en 2021, que contemplaba $1,300 millones para levantar dos megacárceles.

Sin embargo, muchos legisladores demócratas cuestionan la lógica de invertir sumas astronómicas en fortalecer el sistema penitenciario mientras hospitales rurales cierran y el estado ocupa el lugar 43 en educación a nivel nacional. El representante demócrata Thomas Jackson fue enfático: “Me inquieta que Alabama invierta miles de millones en prisiones mientras las necesidades básicas quedan atrás”.

El extremismo interno: el caso del intento de secuestro de la gobernadora Whitmer

Una dimensión alarmante de la violencia política y extremismo interno quedó al descubierto con el juicio de Adam Fox y Barry Croft Jr., quienes lideraron un complot para secuestrar a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, durante la campaña electoral de 2020.

Ambos hombres fueron condenados y sus sentencias ratificadas esta semana por un tribunal federal de apelaciones. Fox y Croft, descritos por sus abogados como “bocazas ridículos y fumadores de marihuana”, fueron, según sus defensores, provocados por el FBI. Sin embargo, los jueces de apelación señalaron que la evidencia —decenas de grabaciones en video y audio— demostraba que ellos planearon activamente un acto de terrorismo doméstico con armas, entrenamientos tácticos y viajes para estudiar el secuestro.

Hoy, ambos cumplen condenas de hasta 20 años en la prisión más segura del sistema federal, en Colorado.

Este caso abrió un nuevo debate sobre los límites entre la vigilancia federal y la incitación delictiva: ¿hasta qué punto el FBI puede intervenir en amenazas internas sin convertirse en provocador?

Una crisis que exige memorias, no olvidos

El tema central es claro: las comunidades indígenas siguen siendo víctimas de una violencia sistemática e ignorada, donde las respuestas gubernamentales suelen llegar tarde, y cuando lo hacen, priorizan el castigo antes que la prevención o el apoyo integral.

Es imprescindible analizar cómo se están usando los recursos federales. ¿Realmente van a proteger a las comunidades con alta incidencia de violencia, o solo se reforzarán lógicas punitivas, como megaprisiones que desvinculan el crimen de sus causas estructurales?

El refuerzo del FBI es un paso en la dirección correcta solo si camina junto a líderes indígenas, respeta su soberanía y prioriza justicia restaurativa por encima de la represiva.

Los pueblos originarios exigen más que seguridad: quieren justicia

Quizá la lección más importante de esta coyuntura sea escuchar lo que las comunidades indígenas han exigido desde el inicio: visibilidad, respeto, autodeterminación y respuestas proporcionalmente significativas a una crisis generada por siglos de abandono.

La justicia no puede seguir siendo una promesa postergada o una estrategia para tranquilizar conciencias políticas, sino una deuda histórica que urge saldar.

Y mientras las cámaras gubernamentales discuten presupuestos para cárceles multimillonarias, cientos de familias indígenas siguen buscando a sus hijas, hermanos y madres desaparecidos sin respuestas. No necesitan más prisiones, necesitan más verdad.

Imagen cortesía del Departamento del Sheriff del Condado de Kent.