Tormenta en la Seguridad Social: ¿Incompetencia política o reestructuración letal?

Por estos días, el portal “my Social Security” se ha convertido en símbolo del caos burocrático. Millones de usuarios no pueden ingresar a revisar sus beneficios, otros han sido notificados erróneamente de que ya no reciben ayuda del gobierno, y todo esto en medio de una transformación institucional impulsada por el presidente Donald Trump y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). ¿Se trata de un esfuerzo necesario para combatir fraudes o una campaña para sofocar al sistema y dificultar el acceso a derechos básicos?

Una plataforma colapsada: el primer aviso de alarma

Desde hace semanas, el portal “my Social Security” ha estado sufriendo interrupciones. La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) reconoció públicamente que hubo varios incidentes recientes que afectaron su sitio web, con interrupciones que promediaron los 20 minutos y dejaron a millones de usuarios sin acceso a sus cuentas.

Pero más preocupante fue la aparición de un mensaje equivocado para miles de beneficiarios de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), que les indicaba erróneamente que ya no estaban recibiendo beneficios. Esto fue desmentido poco después, aunque la SSA no aclaró cuántas personas vieron ese mensaje.

Actualmente, hay aproximadamente 7.4 millones de ciudadanos, entre adultos, ancianos con discapacidades y niños de bajos ingresos, que dependen de los pagos del SSI (informe interno SSA 2023).

Una reforma desde arriba: Trump, Musk y el DOGE

Las fallas técnicas no ocurren en un vacío. Coinciden con un periodo de transformación radical impulsado por Donald Trump, quien retomó la presidencia en 2024, y su nuevo aliado institucional: el flamante Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), auspiciado por el empresario Elon Musk. Este órgano tiene como objetivo eliminar fraudes sistémicos, aunque sus métodos han generado gran escepticismo.

La directora interina de la SSA, Leland Dudek, lidera una reestructuración con reducción de personal, despidos masivos, cierre de oficinas regionales y restricciones en la atención telefónica. Además, se intentó imponer una nueva política por la cual todos los beneficiarios —nuevos y existentes— debían verificar su identidad personalmente en una oficina del Seguro Social.

Tras intensas críticas, la agencia reculó parcialmente y ahora permite que solamente los solicitantes de Medicare, SSI y Seguro por Discapacidad puedan verificar su información a través de una llamada telefónica si tienen problemas con el portal.

La controversia judicial: ¿investigar o pescar fraude?

El DOGE no solo participa en reformas administrativas. También ha solicitado acceso completo a los registros de datos del Seguro Social para detectar posibles fraudes. Sin embargo, una orden judicial del 20 de marzo de 2025 bloqueó dicho acceso.

“El equipo del DOGE está participando esencialmente en una pesca de arrastre en la SSA, en busca de una epidemia de fraude basada poco más que en sospechas”, escribió la jueza federal Ellen Lipton Hollander, de Maryland.

¿Qué impulsa estas sospechas? La administración Trump denuncia sistemáticamente un “enorme fraude” en los beneficios sociales. Sin embargo, el propio SSA ha reportado que el fraude documentado no supera el 1% del total de casos, lo cual no justifica, en opinión de expertos en políticas públicas, la magnitud de esta respuesta.

Los más vulnerables: damnificados por la reforma

Las reacciones a estos cambios han sido ferozmente críticas. Más de 72.5 millones de personas en Estados Unidos reciben beneficios del Seguro Social, entre ellos jubilados, niños y personas con discapacidades.

La abogada y activista Lizette Salazar, del centro de derechos para personas con discapacidad DRC, declaró:

“Lo que están haciendo es lo opuesto a eficiencia: están eliminando el acceso a servicios elementales para quienes más los necesitan bajo la excusa de combatir el fraude.”

Los únicos puntos de acceso en muchas regiones rurales están siendo clausurados, y las esperas telefónicas se han duplicado desde enero. Los defensores de personas mayores también han advertido que este viraje institucional recuerda a eras anteriores del gobierno estadounidense, cuando los más vulnerables quedaban a merced de procesos burocráticos inabarcables.

Resistencia legislativa: ¿una grieta en el Partido Republicano?

En el Congreso, ha comenzado a emerger un ala disidente incluso dentro del Partido Republicano. Legisladoras conservadoras como Anna Paulina Luna se han manifestado en contra de las medidas más extremas del DOGE y el recorte de servicios.

Luna, quien recientemente dio a luz y lideró un esfuerzo para permitir el voto por poder para padres con recién nacidos, renunció a la agrupación ultraconservadora House Freedom Caucus al declarar que no podía permanecer en un grupo que “negocia a espaldas de sus valores fundacionales”.

No es poca cosa. Su decisión alimenta el debate sobre cuán profunda es la lealtad republicana hacia la política trumpista, especialmente cuando choca con valores familiares y sociales que históricamente han defendido.

El factor Melania: otra narrativa de lucha y empatía

En paralelo, Melania Trump ha intentado posicionarse como aliada de aquellos que enfrentan la adversidad con valor. En una reciente entrega del premio “Mujeres Internacionales de Coraje” en el Departamento de Estado, rindió homenaje a mujeres de todo el mundo, incluida Amit Soussana, una abogada israelí que relató sus 55 días de cautiverio en Gaza tras el ataque de Hamas.

Melania afirmó:

“Su valentía nos recuerda que el coraje nace de un profundo compromiso hacia los demás. Es el amor lo que impulsa el llamado a la justicia.”

Aunque el evento fue ajeno a la SSA, su enfoque comunicativo, más empático e inclusivo, dista del tono utilitarista promovido por el DOGE, y sugiere que internamente hay narrativas contrapuestas dentro del seno del trumpismo.

¿Qué puede esperar el ciudadano común?

Los próximos meses serán cruciales. La SSA ha anunciado que los nuevos protocolos de verificación —incluyendo la exigencia de acudir en persona salvo excepciones— comenzarán a regir el 14 de abril. Mientras tanto, el juicio que bloquea el acceso del DOGE a los datos del Seguro Social continuará en tribunales federales, con organizaciones civiles preparadas para apelar cualquier intento draconiano de vigilancia masiva.

Para millones de beneficiarios, particularmente quienes viven con discapacidades o en situaciones de pobreza, estas políticas podrían significar la diferencia entre recibir atención médica y caer en la indigencia.

La pregunta definitiva es: ¿estamos asistiendo a una revolución administrativa para modernizar el estado o al desmantelamiento encubierto del contrato social estadounidense?

Quizás la respuesta dependa no solo de las reformas técnicas, sino del rol que la sociedad civil, los medios y los legisladores minoritarios estén dispuestos a jugar en defensa del servicio público más emblemático del país.