Paul House: La historia de injusticia que sacudió al sistema judicial de EE.UU.
Estuvo 22 años en el corredor de la muerte por un crimen que no cometió. Liberado gracias a nuevas pruebas de ADN, Paul House se convirtió en un símbolo de la lucha contra la pena capital.
Paul Gregory House, un hombre oriundo de Tennessee, pasó más de dos décadas en el corredor de la muerte por un crimen que no cometió. Su caso, símbolo de los errores irreparables del sistema judicial estadounidense, movilizó a activistas, defensores públicos y a su madre, Joyce House, quien nunca dejó de luchar por su hijo. En marzo de 2024, House falleció a los 63 años de edad por complicaciones derivadas de una neumonía, tras haber lidiado durante años con esclerosis múltiple.
Un crimen, una condena y muchas dudas
En 1986, Paul House fue condenado a muerte por el asesinato de Carolyn Muncey, su vecina en Union County, una zona rural del estado de Tennessee. El juicio estuvo plagado de irregularidades, y la principal evidencia en su contra fueron manchas de sangre y semen que, según fiscales, lo vinculaban con la escena del crimen.
House alegó desde el principio su inocencia. Sin embargo, el sistema judicial mostró su cara más inflexible. Los recursos de apelación se extendieron por años mientras su salud se deterioraba en prisión. En 2004, el 6th Circuit Court of Appeals falló en su contra, pero uno de sus jueces, Ronald Lee Gilman, no se quedó callado. En su opinión disidente escribió:
“Estoy convencido de que estamos ante un verdadero misterio de asesinato, un ‘¿quién lo hizo?’ auténtico donde el hombre equivocado podría ser ejecutado.”
Un giro en el caso: la ciencia cambia el curso
Todo cambió en 2006 cuando el caso llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Gracias a pruebas de ADN obtenidas mucho tiempo después del juicio original, la Corte concluyó que House no habría sido condenado si esa evidencia hubiera sido presentada inicialmente.
Los análisis de ADN descartaron a Paul como autor del crimen, e incluso parecían apuntar al esposo de Carolyn Muncey. Pese al dictamen, House siguió en prisión. Las autoridades estatales insistían en que lo juzgarían de nuevo. Finalmente, tras una larga espera, fue liberado en julio de 2008 bajo fianza gracias a un donante anónimo que pagó $100,000.
“Todo lo que quiero es llegar a casa y comer chile verde y pizza. Estoy contento de salir. Ha sido mucho tiempo”, declaró a la prensa ese día, con la sencillez que lo caracterizó siempre.
La lucha incansable de una madre
La otra protagonista de esta historia fue Joyce House, madre de Paul. Es imposible comprender la dimensión de esta tragedia sin mencionar su determinación y amor inquebrantable.
Durante 22 años, Joyce encabezó campañas, escribió cartas, reunió aliados y expuso el caso de su hijo en medios y organizaciones de derechos humanos. Su esfuerzo fue vital para mantener el nombre de Paul en la conversación pública y jurídica.
Cuando finalmente las autoridades abandonaron el caso en 2009, Joyce lo celebró con una frase simple pero reveladora: “Estamos flotando en la nube nueve… Esto ha tardado demasiado en llegar”.
De preso condenado a activista por la abolición
Tras salir de prisión, House no se alejó del sistema que lo había aplastado. Al contrario, se convirtió en un activista contra la pena de muerte, participando en la organización Witness to Innocence, un grupo formado por exonerados del corredor de la muerte y sus familiares.
En alianza con Stacy Rector, directora de Tennesseans for Alternatives to the Death Penalty, House se dedicó a concienciar sobre los fallos del sistema y el riesgo de ejecutar inocentes. Rector recuerda así su personalidad:
“Era muy honesto sobre cómo se sentía respecto al trato que recibió por parte del sistema. A veces, de forma muy directa.”
Pese a perder la movilidad y necesitar los cuidados de su madre, Paul vivió sus últimos 17 años en libertad, rodeado del cariño de su familia y celebrando las cosas sencillas, como la comida casera de su madre.
Un sistema lleno de grietas
El caso de Paul House no es una anomalía estadística. Según el reporte más reciente de la Death Penalty Information Center, al menos 195 personas condenadas a muerte en EE.UU. han sido liberadas después de demostrarse su inocencia desde 1973.
Estas cifras revelan un problema estructural. En muchos casos, los factores comunes son:
- Falsos testimonios o errores de testigos presenciales
- Falta de pruebas físicas concluyentes
- Defensa inadecuada
- Prejuicio racial o social
- Negligencia o mala conducta policial o fiscal
Leyes que cambian lentamente
A raíz del caso House y otros similares, Tennessee y muchos otros estados han sido presionados para revisar sus leyes respecto al estándar probatorio requerido para demostrar una condena o, en casos de apelación, una injusticia.
Paralelamente, estados como Georgia han sido criticados duramente por sus altos requisitos para excluir a personas con discapacidades intelectuales de la pena capital. En marzo de 2024, Georgia finalmente aprobó una ley que reduce el estándar de “más allá de toda duda razonable” a “preponderancia de la evidencia” en este tipo de casos, un paso que los abogados defensores consideran crucial para prevenir errores judiciales irreversibles.
El legado de Paul House
Paul House murió, pero su nombre permanece como emblema de uno de los errores más graves que puede cometer un sistema democrático: condenar a muerte a un inocente. Gracias a su historia, la conversación nacional sobre la pena capital se ha revitalizado en Estados Unidos.
En su necrológica, los Servicios Federales de Defensores del Este de Tennessee destacaron la perseverancia de Paul y de su madre: “Aunque el Sr. House pasó demasiados años injustamente condenado, pudo disfrutar 17 años en libertad junto a Joyce y su familia. Murió en paz, con la certeza de que su inocencia fue reconocida.”
Esos 17 años fueron su victoria. Una vida que el sistema intentó quitarle, pero que él recuperó y vivió con dignidad y gratitud, hasta el último día.