La batalla por el alma de Wisconsin: elecciones judiciales, educativas y el poder de los multimillonarios

Wisconsin se ha convertido en el epicentro de una lucha que transciende la política local: el verdadero campo de batalla por el equilibrio de poder en Estados Unidos. Las elecciones del martes no solo definirán el control de su Corte Suprema y la política educativa estatal, sino que han reabierto el debate sobre la influencia de los multimillonarios en los sistemas democráticos, el impacto de Trump en un nuevo mandato y cómo figuras como Elon Musk están remodelando la burocracia federal desde adentro.

El control de la Corte Suprema de Wisconsin: mucho más que una silla

El asiento vacante en la Corte Suprema del estado ha generado la elección judicial más cara en la historia de EE.UU., con más de $90 millones de dólares en gastos, según el Brennan Center for Justice. El enfrentamiento entre Brad Schimel, respaldado por Donald Trump y Elon Musk, y Susan Crawford, con el apoyo de Barack Obama y George Soros, se ha convertido en un referéndum sobre los valores políticos estadounidenses actuales.

Schimel, ex fiscal general del estado y conservador declarado, fue impulsado por una máquina electoral de derecha, con presencia visible de Trump Jr. y cheques de un millón de dólares directamente entregados por Musk a votantes. El mensaje ha sido claro: la Corte es crucial para blindar la agenda republicana, desde la restricción del aborto hasta la validación o anulación de resultados electorales futuros.

Crawford, juez del condado de Dane, es vista como una defensora intransigente del derecho al aborto y los derechos sindicales. Su campaña ha construido el mensaje contrario: preservar los derechos sociales, evitar el “secuestro” de la justicia por parte de intereses corporativos, y frenar a figuras como Musk, descrito por la candidata como alguien que quiere “comprar elecciones en serie”.

Musk y los millones: compra de tribunales y reestructuración federal

El papel de Musk en esta elección va mucho más allá del respaldo financiero. Su "Departamento de Eficiencia Gubernamental" ya ha comenzado a desmantelar agencias federales, despedido decenas de miles de empleados públicos y reorganizado estructuralmente toda la burocracia. Según cifras del Pentágono, más de 50,000 a 60,000 puestos civiles están en riesgo, con planes de acelerar jubilaciones anticipadas y despidos voluntarios mediante “programas de salida” como Fork in the Road.

Estas medidas, presentadas como parte de un plan de eficiencia, reflejan una visión profundamente empresarial del gobierno: reducción del personal, privatización de servicios y fomento de instituciones privadas sobre las públicas. Como lo señaló el analista político Michael Sandel: “Cuando los ricos no solo financian campañas sino que reescriben el diseño institucional del Estado, ya no hablamos de democracia, sino de una plutocracia legitimada a través del voto”.

Crawford vs Schimel: dos visiones en choque en nombre del pueblo

Durante los debates, Crawford dejó claro que luchará por un Estado que respete la salud pública, los derechos reproductivos, el derecho al voto y la justicia social. En cambio, Schimel defendió su historial como fiscal general, asegurando que su prioridad es combatir el crimen, proteger el orden y mantener el statu quo legislativo, incluyendo los distritos electorales trazados por la mayoría republicana.

El control de la corte (actualmente liberal 4-3) influye en decisiones clave como:

• Acceso al aborto y su regulación
• Derechos de los sindicatos públicos
• Normas de identificación para votantes
• Redistribución de distritos electorales
• Litigios futuros por resultados presidenciales

Una victoria conservadora volvería a inclinar la balanza con un 4-3 a favor de los republicanos, permitiendo redefinir leyes clave antes de las presidenciales de 2028. Una liberal, extendería el dominio progresista al menos hasta la próxima elección judicial en cuatro años.

Educación en la mira: el director escolar que marcará el futuro del sistema

Pero la Corte no será la única entidad en disputa. También se vota un cargo inusualmente poderoso en EE.UU.: el superintendente estatal de educación. Wisconsin es el único estado donde se elige, y esa persona tiene autoridad plena sobre la política educativa sin un consejo escolar superior.

La incumbente Jill Underly, apoyada por sindicatos y demócratas, enfrenta a Brittany Kinser, respaldada por Republicanos y defensora de escuelas privadas mediante cupones educativos. Esta contienda pone sobre la mesa un debate crucial: ¿debe el dinero público mantener escuelas privadas o aumentar los recursos para las escuelas públicas?

Kinser, una ex directora de escuelas chárter y consultora educativa, afirma que Underly ha dirigido mal el sistema y bajado los estándares de formación. Underly sostiene que esos cambios reflejan una modernización necesaria y acusa a Kinser de buscar “privatizar la educación bajo una fachada moderada”.

El problema de fondo es grave: las brechas raciales y de rendimiento académico en Wisconsin están entre las peores del país. Según National Center for Education Statistics, en 2023 los estudiantes blancos superaron en más de 30 puntos porcentuales a sus pares afroamericanos en lectura y matemáticas.

Esta elección decidirá quién maneja los fondos estatales, los estándares académicos y la orientación del plan educativo para la próxima década. Y de nuevo, los multimillonarios muestran presencia, con organizaciones como City Forward Collective financiando la campaña de Kinser.

La boleta del voto: el eterno debate sobre el ID para votar

El tercer evento clave del martes será el referéndum para insertar el requisito de identificación con foto para votar dentro de la constitución estatal. Aunque esta ley ya existe desde 2011 y ha sobrevivido a múltiples demandas, los republicanos quieren blindarla constitucionalmente, evitando que futuros legisladores demócratas puedan modificarla fácilmente.

Wisconsin es el estado con la legislación más dura respecto al ID, según el National Conference of State Legislatures. En un país donde 36 estados exigen algún tipo de ID, detractores aseguran que estas leyes afectan desproporcionadamente a afroamericanos, personas mayores, estudiantes y ciudadanos con discapacidades.

La Cámara estatal, de mayoría republicana, presentó esta enmienda como un método para “proteger la integridad electoral”. Pero los críticos apuntan a su uso como herramienta estructural para inhibir el voto de las minorías. Si se aprueba la propuesta este martes, será muy difícil revocar esta política en el futuro inmediato.

¿Laboratorio democrático o advertencia nacional?

Wisconsin no solo es un “swing state” en elecciones presidenciales: es también un laboratorio sistémico de lo que podría ocurrir en otros estados cuando los intereses privados, el dinero sin límites y el resentimiento ideológico definen todo un ecosistema político.

Como reflexionó Ben Wikler, presidente del Partido Demócrata en Wisconsin: “Si Musk gana aquí, lo intentará en todos los demás estados del país. Esta elección no es sobre un juez, es sobre si alguien puede comprar el poder judicial estatal y reescribir la regla electoral a su antojo.”

En un clima nacional polarizado, con Trump regresando al poder, las decisiones tomadas en un estado del medio oeste resonarán como eco en todo el país. ¿Democracia o plutocracia? Wisconsin tal vez nos dé la respuesta más pronto de lo que creemos.