El caso Harvard: antisemitismo, libertades y la nueva cruzada federal

¿Puede una universidad perder miles de millones de dólares por protestas estudiantiles y acusaciones de antisemitismo? En el clima político actual de Estados Unidos, la respuesta es un contundente sí. La Universidad de Harvard se ha convertido en el foco más reciente del gobierno del expresidente Donald Trump, como parte de una campaña más amplia contra lo que la administración federal describe como el creciente antisemitismo en los campus universitarios.

La revisión millonaria: Harvard bajo la lupa federal

La administración Trump anunció una revisión exhaustiva de más de 255 millones de dólares en contratos federales con Harvard, además de examinar compromisos de subvención que ascienden a impresionantes 8.700 millones de dólares dirigidos a la universidad y sus afiliados. La justificación según el gobierno es asegurar que Harvard está cumpliendo con las leyes de derechos civiles y combatiendo el antisemitismo.

Esta medida llega tras una acción similar en la Universidad de Columbia, donde el gobierno federal retiró 400 millones de dólares en fondos tras no cumplirse una serie de demandas vinculadas a protestas pro-Palestina y denuncias de antisemitismo en su campus. Columbia cedió ante la presión y aceptó varios cambios exigidos desde Washington.

¿Qué busca la fuerza especial contra el antisemitismo?

Una nueva Tarea Especial Federal contra el Antisemitismo es la encargada de liderar estos esfuerzos. El grupo, con participación del Departamento de Educación, el de Salud y Servicios Humanos y la Administración de Servicios Generales, prometió no solo revisar contratos actuales, sino también ordenar la suspensión de trabajos si encuentra alguna infracción.

“Harvard puede corregir estos errores y restablecerse como un campus dedicado a la excelencia académica y la búsqueda de la verdad”, afirmó Linda McMahon, Secretaria de Educación. Las palabras se enmarcan en un discurso que enfrenta libertad de expresión contra protección de derechos civiles.

Estatuas, banderas y ocupaciones: el campo de batalla

Las tensiones no se limitan a instituciones. En el campus de Harvard, manifestantes estudiantiles han instalado campamentos y colgado banderas palestinas, como parte de las movilizaciones contra la guerra en Gaza. Las protestas, que generaron reacciones mixtas, son interpretadas por sectores conservadores como expresiones de antisemitismo.

Una fotografía que se volvió viral muestra a un estudiante protestando frente a la estatua de John Harvard envuelto en una gigante bandera palestina. Para algunos fue símbolo de valentía moral; para el gobierno de Trump, una justificación para cuestionar cómo se administran los fondos públicos.

Libertad académica vs intervención estatal

Las acciones del gobierno provocaron una reacción inmediata de grupos defensores de la libertad de expresión y de los derechos civiles. Universidades —tradicionalmente espacios de debate y disenso— ahora enfrentan la posibilidad de sanciones millonarias o pérdida total de fondos si no adoptan la narrativa oficial sobre conflictos ideológicos y religiosos.

“Es una intrusión sin precedentes del gobierno federal en asuntos académicos”, argumentó Nadine Strossen, ex presidenta de la ACLU y profesora de Derecho. Añadió que castigar a una universidad porque algunos estudiantes o profesores expresan puntos de vista controvertidos infringe principios consagrados de la Primera Enmienda.

El precedente de Columbia y el efecto dominó

La presión funciona. Columbia University aceptó diversas medidas exigidas por la administración Trump después de que se condicionaran nuevos desembolsos de fondos a cambios administrativos, disciplinarios e incluso curriculares. Esto incluye la creación de nuevas oficinas para supervisar “conductas inapropiadas” relacionadas con discurso de odio o discriminatorio.

La interrogante ahora es si Harvard seguirá los pasos de Columbia o enfrentará una posible pérdida de hasta 8.700 millones de dólares. Otras docenas de universidades ya han recibido avisos similares de la Casa Blanca, lo que sugiere que esta estrategia podría convertirse en una política generalizada del gobierno sobre la educación superior.

¿Qué está en juego realmente?

• Financiamiento para proyectos científicos: Muchas universidades, como Harvard, dependen profundamente del financiamiento federal para investigaciones médicas y tecnológicas fundamentales.
• Libertad pedagógica: La imposición de criterios políticos o ideológicos sobre cómo pueden expresar sus ideas profesores y estudiantes pone en cuestión prácticas básicas de la educación liberal.
• Prestigio internacional: Harvard simboliza la excelencia académica global. Este tipo de conflicto pone en riesgo su autonomía institucional y podría impactar sus asociaciones internacionales.

Trump, las universidades y la cruzada ideológica

Estos sucesos no son aislados. Se enmarcan en un esfuerzo sostenido del expresidente Trump de controlar espacios que considera dominados por ideologías progresistas. Desde su regreso a la presidencia, Trump ha intensificado su combate contra “el adoctrinamiento liberal” en universidades, promoviendo una visión que contrapone patriotismo y orden frente a posturas consideradas importadas o radicales.

La narrativa “anti-woke” se ha convertido en moneda política común en sectores conservadores. Universidades como Harvard no solo representan para la derecha una élite cultural hostil; se convierten en campos de batalla donde se disputa el alma de la nación. Las becas, los contratos y los currículos se transforman en instrumentos de presión.

¿Proteger o reprimir el disenso?

La defensa de los intereses de la comunidad judía ha sido invocada como argumento principal por la administración para imponer cambios. No obstante, muchas voces dentro de esas mismas comunidades advierten que el uso político de estas causas podría resultar contraproducente, desvirtuando esfuerzos genuinos por combatir el odio antisemita.

En un comunicado conjunto, varias organizaciones judías progresistas —incluida Jewish Voice for Peace— señalaron que “la instrumentalización del antisemitismo para reprimir la crítica a Israel o a la política exterior estadounidense es peligrosa y debe ser rechazada”.

Lo que sigue para Harvard (y el resto)

Aún no se ha revelado si el gobierno Trump ha presentado una lista específica de demandas para Harvard. Lo cierto es que se le ha exigido un inventario completo de sus contratos federales y afiliaciones, con el objetivo de revisar cada vínculo económico bajo lupa ideológica.

Esta estrategia tiene un mensaje implícito: el acceso al dinero público está condicionado a la alineación ideológica con quienes lo reparten. Una medida que podría cambiar radicalmente la forma en que las universidades interactúan con el Estado en EE.UU.

¿Una nueva era de proteccionismo académico?

El caso Harvard evidencia que el llamado “proteccionismo” promovido durante la era Trump no se limita a lo económico o comercial, sino que se extiende al ámbito educativo y cultural. Se protege lo que se define como identidad nacional, incluso a costa de la pluralidad.

Estamos, quizás, ante el nacimiento de una nueva doctrina de intervención federal cultural, donde los campus universitarios serán uno de los frentes principales. Lo que suceda en Harvard será determinante para el resto del país.

Las preguntas sobran: ¿Debe el Estado decidir cómo se enseña o protesta dentro de las universidades? ¿Es el financiamiento público un arma política? ¿Podemos hablar realmente de libertad académica en esta nueva etapa?

Harvard, símbolo del sueño americano y de la libertad intelectual, ahora ocupa un lugar incierto en el tablero político nacional. Su destino —y quizás el de muchas otras instituciones— dependerá de cómo responda a la presión que, esta vez, viene desde las altas esferas del poder político.