Caos institucional en el Instituto de Paz de EE.UU.: despidos masivos, política y poder

Una nueva era de confrontación institucional

El Instituto de Paz de los Estados Unidos (U.S. Institute of Peace, o USIP por sus siglas en inglés), creado por el Congreso con el objetivo de prevenir y resolver conflictos a través de la diplomacia, ha entrado en un capítulo oscuro de su existencia. El reciente nombramiento de Nate Cavanaugh, un funcionario vinculado al polémico Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) liderado por aliados del magnate Elon Musk, ha provocado una serie de despidos masivos, enfrentamientos legales y un ambiente de incertidumbre dentro y fuera de Washington.

Esta maniobra, impulsada bajo una orden ejecutiva del expresidente Donald Trump, busca clausurar la entidad y traspasar sus bienes a la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés), una medida que ha sido duramente criticada por ex empleados, defensores de derechos civiles y legisladores.

¿Qué es el Instituto de Paz de EE.UU. y por qué importa?

Fundado en 1984 por una ley del Congreso, el USIP ha sido una piedra angular en los esfuerzos de Estados Unidos para aplicar la diplomacia preventiva, educación para la paz y resolución pacífica de conflictos en sociedades fracturadas como Irak, Afganistán, Sudán o Colombia. Como indica su misión oficial, el USIP trabaja “para prevenir y mitigar conflictos violentos en el mundo entero”.

A lo largo de los años, su rol ha sido vital en la mediación de conflictos, organización de foros internacionales, asesoría militar sobre resolución pacífica y apoyo al desarrollo institucional en contextos postconflicto. Más allá de lo simbólico, su trabajo ha contribuido a estabilizar zonas calientes y generar puentes diplomáticos donde la intervención militar no era deseable o posible.

Despidos masivos: ¿desmantelamiento o purga política?

De manera sorpresiva, durante la noche de un viernes pasado, cerca de 300 empleados del Instituto fueron despedidos. La mayoría recibió la notificación a través de correos electrónicos personales, ya que sus accesos institucionales fueron bloqueados. A algunos se les dio hasta el 7 de abril para retirar efectos personales, mientras que quienes estaban en el extranjero recibieron una alerta para volver a Estados Unidos antes del 9 de abril.

Estos despidos se dieron tras semanas de tensión, incluyendo un incidente en donde empleados bloquearon la entrada de miembros del DOGE a las oficinas, y estos últimos accedieron con apoyo de la policía de Washington. Aunque la jueza Beryl Howell reprendió la conducta de los agentes de DOGE, no logró revertir la toma física de las instalaciones ni reinstaurar a los miembros de la junta directiva despedidos.

Como aclara una demanda reciente interpuesta ante la Corte de Distrito de Washington, se busca preservar el estatus quo legal para que el tribunal determine si las remociones de directores fueron ilegales. Según los demandantes, el DOGE está actuando fuera del marco legal al cerrar una institución creada por el Congreso sin la debida aprobación legislativa.

¿Quién es Nate Cavanaugh?

Personaje enigmático para el público general, Nate Cavanaugh ha sido vinculado estrechamente con el Departamento de Eficiencia Gubernamental, una agencia que ha ganado notoriedad bajo la administración Trump por su afán de cerrar y centralizar agencias federales bajo supuesta ineficiencia burocrática.

Su nombramiento como director del Instituto de Paz fue autorizado por solo dos miembros de la junta directiva, lo cual plantea serias dudas sobre su legitimidad, ya que la junta fue disuelta por orden ejecutiva, lo que pone en entredicho la validez de cualquier acción posterior.

El papel de Elon Musk y la influencia del DOGE

El DOGE, respaldado por aliados del influyente empresario Elon Musk, ha estado impulsando una nueva visión de “eficiencia estatal” que incluye la eliminación de agencias que no producen resultados medibles inmediatos. Para el DOGE, instituciones como el USIP representan “gasto innecesario” sin ROI (retorno de inversión) verificable.

Este enfoque contrasta súbitamente con las perspectivas tradicionales de la política exterior estadounidense, que valoran las herramientas blandas como la diplomacia y la cooperación internacional como formas de prevenir conflictos mucho más costosos desde el punto de vista humano y financiero.

El precedente político: Trump, Soros y el tablero cultural

La ofensiva contra el USIP se enmarca en una campaña mucho más amplia de transformación radical de las estructuras institucionales iniciada por Donald Trump. Ya en su primer mandato, había apuntado contra think tanks e instituciones estatales que consideraba parte del “Estado profundo”.

Además, el actual clima de polarización ha transformado cualquier decisión burocrática en un campo de batalla ideológico. Como reflejó también la reciente derrota del gobernador de Luisiana, Jeff Landry, en las urnas cuando intentó pasar cuatro enmiendas constitucionales que incluyeran reformas judiciales y fiscales, la población parece estar rechazando los cambios impulsivos promovidos por sectores ultraconservadores.

En ambos casos —el Instituto de Paz y las reformas de Landry— los críticos señalan una falta total de transparencia y una agenda encubierta para beneficiar a las élites y recortar derechos.

¿Cierre bajo orden ejecutiva: es legal?

La legalidad de cerrar una institución como el USIP, creada y financiada por el Congreso, mediante una orden ejecutiva es más que dudosa. El artículo I, sección 9 de la Constitución estadounidense establece que el poder del gasto recae en el Congreso. Anular este mandato desde el Poder Ejecutivo despierta alertas sobre el equilibrio de poderes.

El hecho de que el DOGE haya utilizado mecanismos policiales para retirar empleados e instalar nuevos directivos multiplica las voces que acusan el uso de tácticas autoritarias, al borde del mal uso del poder federal.

La reacción judicial y el futuro inmediato

La jueza de distrito Beryl Howell ha citado a las partes a comparecer ante su corte para una audiencia de estado del caso. Aunque previamente negó la solicitud de una orden de restricción temporal, su lenguaje jurídico evidenció preocupación por la falta de proceso legal del DOGE y por el intento de vaciar una institución sin consultar al Congreso.

Los demandantes buscan frenar de inmediato la transferencia de activos del instituto a la GSA, mientras que el resto de la comunidad internacional observa atónita cómo uno de los pilares del soft power estadounidense es desmantelado desde adentro.

¿Qué sigue?: el vacío que deja el USIP

La posible desaparición del Instituto de Paz representa no solo un vacío diplomático, sino también una declaración ideológica: la preferencia por la fuerza y la eficiencia sobre la diplomacia y la construcción de paz.

En un mundo ya sacudido por conflictos como el de Ucrania, Gaza o Haití, la voz de organismos especializados en construcción de paz es más necesaria que nunca.

El riesgo de dejar solo a los militares y mercenarios como brazo extendido de la política estadounidense es alto, y podría, en palabras del experto en política exterior Stephen Walt, “convertir cada intervención en un Vietnam potencial”.

Una advertencia desde el interior del sistema

“Jugar a la eficiencia con instituciones diseñadas para la mediación es como enseñar a un médico a operar sin examen clínico: todo será reacción, no prevención”, comenta Carolyn Moser, investigadora en gobernanza global de la Universidad de Leiden.

La historia del Instituto de Paz está en pausa, pero quizás no en punto final. Lo que sí queda claro es que Estados Unidos asiste a una redefinición compleja —y para muchos, peligrosa— de sus instituciones fundamentales.