Justicia, desamparo y resignación en Estados Unidos: ¿Qué nos dicen los últimos fallos sobre migración y personas sin hogar?

Por décadas, Estados Unidos ha sido percibido como el país de las oportunidades, el refugio ante la persecución y la tierra prometida para quienes huyen del peligro en sus naciones de origen. Sin embargo, la realidad de sus políticas migratorias, el abordaje de la crisis de personas sin hogar, y el combate a la violencia intrafamiliar, revelan que muchos de esos ideales están bajo asedio. En este análisis vinculante, abordaremos tres eventos recientes que han sido noticia y que, aunque parecen desconectados, comparten un elemento fundamental: el intento del sistema judicial por poner límites —a veces frágiles— a políticas y decisiones que pueden poner en riesgo vidas humanas.

Un freno temporal a las deportaciones a terceros países

El juez federal Brian E. Murphy, desde Boston, emitió una orden preliminar para evitar que la administración estadounidense continúe deportando a inmigrantes con órdenes de remoción final hacia terceros países sin permitirles argumentar que esa transferencia podría poner en peligro su vida.

Este fallo, aunque temporal, representa una pausa crucial en la estrategia del gobierno de Estados Unidos —iniciada durante el mandato de Donald Trump y continuada parcialmente bajo Joe Biden— de enviar a solicitantes de asilo y personas con orden de deportación a países como Panamá, Costa Rica o El Salvador, cuando deportarlos a sus países de origen resulta inviable.

Uno de los demandantes, un hombre guatemalteco, fue enviado a México pese a que ya había sido víctima de una violación ahí. Un juez determinó que regresar a Guatemala sería peligroso, pero él nunca tuvo la oportunidad de rebatir su traslado a México. Ahora, vive escondido de nuevo en Guatemala. Otro caso notable es el de una mujer hondureña que teme ser enviada a un país desconocido en su próxima cita con las autoridades migratorias en Dallas.

Este tipo de traslados conocidos como "remociones a terceros países seguros" han sido duramente criticados por organizaciones de derechos humanos, como la National Immigration Litigation Alliance, que denunció que el proceso carece de garantías básicas y coloca a las personas en nuevas situaciones de riesgo, a menudo sin red de apoyo o acompañamiento legal.

"La justicia migratoria no debería depender del azar ni de las prioridades políticas del momento. Las personas tienen derecho a ser escuchadas antes de ser enviadas a un lugar potencialmente peligroso," declaró un portavoz de la organización.

En términos legales, este fallo reafirma que incluso los procedimientos migratorios deben estar sujetos al debido proceso, incluyendo el derecho a una audiencia significativa, principio básico del sistema legal estadounidense.

Grants Pass y la criminalización de la pobreza

El caso de Grants Pass, un pequeño pueblo de Oregon, refleja otro doloroso dilema: cómo abordar la crisis de personas en situación de calle sin recurrir a medidas punitivas. Esta ciudad fue el epicentro de un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en junio de 2024, donde se determinó que prohibir dormir en espacios públicos es constitucional, incluso si no existen suficientes albergues disponibles.

Esa decisión revocó un fallo previo que consideraba esa práctica como una forma de castigo cruel e inusual basado en la Octava Enmienda. Como consecuencia, Grants Pass endureció sus reglas, cerró el albergue principal y redujo el horario del único campamento restante, haciendo imposible para decenas de personas encontrar un espacio donde dormir legalmente.

La orden del juez Sarah McGlaughlin del tribunal de circuito del condado de Josephine, intervino exigiendo a la ciudad:

• Reabrir el espacio cerrado y restaurar su capacidad previa
• Hacer que los albergues sean accesibles para personas con discapacidades
• Detener las multas y arrestos por acampar, mientras no se cumplan las condiciones básicas de dignidad

La respuesta de autoridades locales fue ambivalente. El alcalde expresó estar “desanimado” por el dictamen, mientras el vocero de la ciudad argumentó que se están revisando los próximos pasos.

El fallo se enmarca dentro de una crisis nacional de personas sin hogar, que según cifras del Departamento de Vivienda, aumentó 18% en 2023, impulsado por la escasez de vivienda asequible, desastres naturales y un aumento de la migración interna.

"No es radical lo que pidió la corte. El tribunal simplemente está diciendo: regresen al nivel humanitario básico que ustedes mismos tenían hace tres meses," explicó Tom Stenson, abogado de Disability Rights Oregon.

Lo que está en juego va más allá de Grants Pass. Este caso se ha convertido en un símbolo de la tensión nacional entre regulación, supervivencia y humanidad, donde los gobiernos locales intentan gestionar problemas estructurales sin herramientas suficientes y frecuentemente con mano dura.

La violencia doméstica en entornos íntimos y prestigiosos

Un tercer evento, igual de estremecedor pero de distinta índole, pone en tela de juicio la seguridad más íntima: el hogar y la pareja. El anestesiólogo Gerhardt Konig fue acusado de intento de asesinato tras un perturbador episodio en un sendero en Oahu, Hawái. Su esposa relató en una orden de alejamiento cómo su intento de celebración de cumpleaños terminó en un intento premeditado de homicidio.

Según el testimonio de la víctima, Konig la empujó hacia un acantilado y luego sacó una jeringa con contenido desconocido que intentó inyectarle. También la golpeó con una roca en la cabeza, acción que fue detenida gracias a dos mujeres que presenciaron la escena y llamaron al 911.

La violencia doméstica, incluso en parejas económicamente estables o con acceso a terapia, sigue siendo una forma de agresión invisibilizada hasta que estalla en violencia física. El caso refleja los límites de las intervenciones terapéuticas cuando hay factores como celos, control o desequilibrio de poder en juego.

Gerhardt Konig fue suspendido por Maui Health y Kaiser Permanente, mientras se desarrolla la investigación. La corte ordenó que permanezca alejado de su esposa e hijos. Sin embargo, su intento de homicidio, seguido por su amenaza de suicidio, muestra cuán grave puede tornarse un caso de violencia doméstica cuando no se le presta atención adecuada.

Las estadísticas son alarmantes: según el National Coalition Against Domestic Violence, una de cada cuatro mujeres y uno de cada nueve hombres experimentarán violencia física severa, violencia sexual o acoso por parte de una pareja íntima a lo largo de su vida.

"Si estás en una relación violenta, busca ayuda. La violencia no discrimina según clase, educación o profesión," advirtieron voceros de la línea directa de violencia doméstica nacional.

Un patrón de vulnerabilidad institucionalizada

Estos tres casos —las deportaciones apresuradas, la criminalización de la pobreza y la violencia dentro del matrimonio— forman parte de una narrativa más amplia: muchas personas quedan atrapadas entre la burocracia, la indiferencia y la falta de mecanismos de protección efectivos.

La labor de los jueces en estos fallos demuestra que aún quedan piezas del rompecabezas democrático en funcionamiento. Sin embargo, lo que está claro es que el sistema no es lo suficientemente robusto para responder con la fuerza preventiva que estos problemas requieren. Se reacciona una vez que el daño ha sido cometido o inminente.

En el debate mediático nacional, estos temas compiten con titulares políticos, guerras culturales y disputas partidistas. Sin embargo, los hechos revelan que detrás de las decisiones aparentemente técnicas, se están jugando las vidas y las dignidades individuales de miles de personas.

Ya sea el migrante guatemalteco que huye por segunda vez, la persona sin hogar que busca dormir dignamente o una madre que apenas escapó de la muerte, hay algo que conecta todos estos casos: la necesidad urgente de que las decisiones políticas sean informadas, humanas y sostenibles.

¿Puede una nación considerarse faro moral del mundo mientras vulnera sistemáticamente a quienes considera marginales? La justicia —cuando actúa— nos ofrece una pequeña esperanza de que, al menos desde los tribunales, pueda surgir algo de luz.