Trump invoca la Ley de Extranjeros Enemigos para deportaciones masivas y genera controversia

Una controvertida medida de Trump

El expresidente Donald Trump sorprendió al país al invocar la Ley de Extranjeros Enemigos, una legislación del siglo XVIII, para deportar a personas relacionadas con el grupo criminal Tren de Aragua, de origen venezolano. Esta norma, utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, otorga al presidente amplias facultades para expulsar a extranjeros sin necesidad de un juicio ante un tribunal migratorio o federal.

La proclamación de Trump identificó al Tren de Aragua como una fuerza invasora y, en cuestión de horas, su decisión fue bloqueada temporalmente por el juez federal James E. Boasberg, quien estipuló que la medida no puede aplicarse durante al menos dos semanas mientras se lleva a cabo un proceso judicial.

¿Qué es la Ley de Extranjeros Enemigos?

Promulgada en 1798 en medio de la tensión entre Estados Unidos y Francia, esta ley fue diseñada para permitir la deportación de extranjeros considerados enemigos en tiempos de guerra. A lo largo de la historia, solo se ha implementado en tres ocasiones significativas:

• Guerra de 1812: Utilizada para expulsar posibles simpatizantes británicos.
• Primera Guerra Mundial: Aprovechada para controlar los movimientos de extranjeros de países enemigos.
• Segunda Guerra Mundial: Aplicada dentro del marco legal que justificó la internación de miles de ciudadanos de ascendencia japonesa, alemana e italiana.

Lo más alarmante es que esta ley sirvió como justificación legal para el internamiento de 120,000 personas de origen japonés, muchas de ellas ciudadanos estadounidenses, en campos de concentración dentro de EE.UU.

¿Qué cambia con la invocación de Trump?

A diferencia de las aplicaciones previas de la ley, la interpretación de Trump rompe con la tradición al enfocarse en una organización criminal y no en un gobierno extranjero. En su discurso inaugural, el exmandatario declaró:

“Al invocar la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798, utilizaré todo el poder del gobierno federal y estatal para eliminar la presencia de pandillas extranjeras y redes criminales que causan devastación en nuestra nación”

Reacciones y críticas

Muchos expertos consideran que Trump está tergiversando la ley para sortear procedimientos migratorios convencionales. Organizaciones como el Centro Brennan para la Justicia señalaron que esta movida “es un abuso sin precedentes que va en contra de décadas de legislaciones y prácticas judiciales”. El informe del centro enfatizó que:

• La ley se pensó para tiempos de guerra, y EE.UU. no está formalmente en guerra con Venezuela.
• El uso de este estatuto para deportaciones masivas atenta contra los principios de debido proceso y derechos humanos.

Por otro lado, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda de emergencia el viernes anterior, argumentando que al menos cinco venezolanos detenidos estaban en riesgo inminente de deportación bajo esta orden. El juez Boasberg resolvió frenar las deportaciones hasta nuevo aviso.

¿Migración o invasión?

Trump ha insistido en que Estados Unidos enfrenta una “invasión” migratoria, aunque los datos no sustentan del todo su argumento:

• En los últimos dos años, las detenciones en la frontera sur superaron los 2 millones por año, pero la mayoría de los migrantes busca asilo legalmente.
• El número de arrestos en la frontera cayó drásticamente a menos de 8,400 en febrero de este año, el nivel más bajo desde la década de 1960.

A pesar de la baja en detenciones, Trump utilizó términos como “guerra irregular” para describir la presencia del Tren de Aragua en EE.UU., sugiriendo incluso que el grupo delinque bajo órdenes del gobierno de Nicolás Maduro.

Consecuencias diplomáticas

Paralelamente, la administración Trump acordó pagar a El Salvador $6 millones de dólares para que el país centroamericano encarcele a 300 presuntos miembros del Tren de Aragua. Este acuerdo se enmarca en la política de Nayib Bukele, cuyo gobierno ha encarcelado a más de 84,000 personas en un esfuerzo por erradicar la violencia de pandillas.

Expertos en derechos humanos señalan que este tipo de acuerdos podrían derivar en violaciones de derechos fundamentales, ya que se ha reportado que algunas de estas detenciones en El Salvador se han hecho sin el debido proceso.

¿Qué sigue?

Por ahora, el freno impuesto por el juez Boasberg impide a la administración Trump proceder con deportaciones bajo esta ley, al menos hasta que los tribunales emitan un fallo final.

Por otra parte, la oposición y organizaciones pro derechos humanos mantendrán la presión para evitar que esta interpretación sin precedentes de la Ley de Extranjeros Enemigos siente un precedente peligroso en la política migratoria estadounidense.