La ofensiva de la EPA contra la regulación ambiental: ¿Fin de una era o una amenaza latente?
El administrador de la EPA, Lee Zeldin, anuncia la mayor revocación de normas medioambientales en la historia de EE.UU.
Un giro radical en la política ambiental
En lo que describió como “el día más trascendental de desregulación en la historia de Estados Unidos”, Lee Zeldin, administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), anunció la revocación de múltiples normativas ambientales. Esta serie de acciones suprime regulaciones clave sobre las emisiones de plantas de carbón, el combate al cambio climático y las restricciones a los vehículos de combustibles fósiles.
“Estamos perforando el corazón de la ‘religión del cambio climático’ y dando paso a una nueva era dorada para Estados Unidos”, escribió Zeldin en un artículo de The Wall Street Journal. Su argumento se basa en la eliminación de costos regulatorios que, según él, afectan la economía de los estadounidenses.
La revisión del fallo de peligro climático
Entre las medidas más controvertidas está la anulación del fallo de 2009 que determinó que los gases de efecto invernadero ponen en peligro la salud pública. Este fallo fue central en la legislación ambiental de Estados Unidos, sirviendo como base legal para regular la contaminación de plantas eléctricas, vehículos y otras fuentes industriales. Desde su implementación, ha sido un pilar en la lucha contra el cambio climático.
David Doniger, experto en clima del Natural Resources Defense Council, calificó la decisión como inviable: “Ante la evidencia abrumadora del cambio climático, es imposible pensar que la EPA pueda generar un nuevo fallo que contradiga la ciencia y resista el escrutinio judicial”.
Impacto en emisiones y regulación de energía
Otro de los cambios implementados por la EPA involucra la flexibilización de reglas que limitaban la contaminación de plantas de combustibles fósiles y restricciones a la emisión de automóviles. Zeldin y el presidente Donald Trump han calificado falsamente estas restricciones vehiculares como un “mandato de autos eléctricos”, obviando los beneficios ambientales.
La administración de Joe Biden había establecido estas regulaciones para reducir la contaminación e impulsar una transición energética sostenible, asegurando un suministro confiable de electricidad en EE.UU. Con su revocación, las emisiones podrían dispararse nuevamente, afectando la salud pública y la calidad del aire en varias ciudades.
Redefiniendo la protección de humedales
En una medida paralela, la administración Trump-Zeldin busca restringir la aplicación de la Ley de Agua Limpia, limitando su impacto sobre los humedales protegidos. Esto se basa en la decisión de la Corte Suprema en el caso Sackett v. EPA de 2023, que redujo las protecciones ambientales en ríos y humedales.
El fallo dictaminó que solo los humedales con una “conexión superficial continua” a cuerpos de agua tradicionales estarán protegidos. Esta visión ha sido criticada por grupos ambientales, que advierten el peligro de aumento en la contaminación acuática y la destrucción de ecosistemas.
Consecuencias económicas y ambientales
El argumento del gobierno es que estas flexibilizaciones ayudarán a reducir los costos para las empresas y estimularán el crecimiento económico, especialmente en la industria del petróleo y el gas. Pero expertos como Michael Mann, climatólogo de la Universidad de Pensilvania, advierten que es “otra manifestación del negacionismo climático republicano”.
“Ya no pueden negar el cambio climático en sí, así que ahora intentan minimizar sus efectos, pese a la abrumadora evidencia de que es una de las mayores amenazas que enfrentamos”, sostuvo Mann.
¿Hacia un retroceso ambiental definitivo?
La lucha por la regulación ambiental en Estados Unidos ha sido un vaivén entre administraciones republicanas y demócratas. Mientras la presidencia de Biden trató de reforzar las protecciones ambientales, la era Trump busca desmantelar décadas de avances en normativas ecológicas.
El futuro de la regulación climática depende en gran medida de los litigios presentados por estados y grupos ambientalistas contra la administración de Zeldin. Numerosas demandas ya se han presentado en tribunales argumentando que la eliminación del fallo de los gases de efecto invernadero es ilegal y sin fundamentos científicos.
Mientras tanto, el impacto sobre el medio ambiente y la calidad de vida en EE.UU. podría ser irreversible. Activistas ambientales ya han expresado su temor de que estos cambios tengan repercusiones devastadoras en la lucha contra el calentamiento global. La pregunta sigue abierta: ¿se trata de un ajuste regulador necesario o de un ataque frontal a la protección del planeta?
