Trump abandona caso ambiental contra fábrica en 'Cancer Alley'

La administración del expresidente Donald Trump ha decidido retirar una demanda federal contra la planta de Denka Performance Elastomer en Louisiana, una instalación química acusada de representar un riesgo inaceptable de cáncer para los residentes de la zona. Esta decisión marca un giro significativo con respecto a los esfuerzos de justicia ambiental emprendidos por la administración de Joe Biden.

Una lucha abandonada

La demanda original, presentada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) en 2023, acusaba a la fábrica de emitir niveles peligrosos de cloropreno, un químico altamente tóxico vinculado al cáncer. La planta, ubicada en LaPlace, Luisiana, es parte de la región conocida como “Cancer Alley”, un corredor industrial con altas tasas de enfermedades vinculadas a la contaminación química.

El Departamento de Justicia bajo Biden había presionado fuertemente para que la empresa redujera sus emisiones. Sin embargo, la administración de Trump, en un giro radical, planea descartar la demanda. La decisión responde a una estrategia más amplia de desregulación ambiental y reducción de la intervención gubernamental en temas de protección ecológica.

Impacto en comunidades vulnerables

Los residentes locales han expresado su indignación ante la decisión, asegurando que se sienten abandonados por el gobierno federal. Robert Taylor, cofundador del grupo Concerned Citizens of St. John the Baptist Parish, declaró: “Esto solo oscurece nuestras esperanzas. La administración Biden estaba haciendo un trabajo increíble para enfrentar las emisiones dañinas, y ahora nos dejan sin protección.”

La zona donde se encuentra la planta de Denka es predominantemente afroamericana, y ha sido el foco de numerosos estudios que han advertido sobre las consecuencias de la contaminación industrial en comunidades de bajos ingresos. Un informe de la EPA reveló que las concentraciones de cloropreno en el aire circundante eran hasta 15 veces superiores a los niveles seguros recomendados.

Reacciones y consecuencias legales

Expertos en derecho ambiental han advertido que esta decisión encaja dentro de una serie de medidas de la administración Trump que favorecen a las grandes corporaciones químicas y petroquímicas, sacrificando las normativas ambientales. Deena Tumeh, abogada de la organización Earthjustice, declaró que esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio para “abandonar las comunidades más afectadas por la contaminación y promover la expansión industrial sin restricciones.”

A pesar de la decisión de la administración Trump, el caso de Denka no está completamente cerrado. Activistas y abogados argumentan que podrían buscar vías legales alternativas para continuar con la presión sobre la empresa y obligarla a reducir sus emisiones tóxicas.

Una historia de contaminación y negligencia

La empresa Denka adquirió la fábrica en 2015 de la multinacional DuPont. Desde entonces, ha sostenido que ha reducido significativamente sus emisiones y que se le han impuesto plazos irrazonables para cumplir con los nuevos estándares ambientales. Sin embargo, la comunidad y los defensores del medio ambiente argumentan que las reducciones han sido insuficientes y que el gobierno tiene la obligación de proteger a los ciudadanos.

Michael Regan, administrador de la EPA durante la administración Biden, recorrió “Cancer Alley” en 2021 y reafirmó el compromiso del gobierno con la justicia ambiental. Declaró que si las agencias reguladoras hubieran hecho su trabajo en décadas anteriores, las condiciones en el corredor industrial no serían tan graves hoy.

¿Qué sigue para los residentes de 'Cancer Alley'?

Con la retirada de la demanda federal, la comunidad afectada queda en una situación de incertidumbre. La capacidad de la EPA para intervenir en casos de contaminación ambiental ha sido debilitada en los últimos años, especialmente tras desafíos judiciales por parte de estados liderados por republicanos.

Pese a ello, los residentes y activistas han prometido seguir luchando. “No nos iremos en silencio”, afirmó Taylor. “Seguiremos luchando hasta que nuestras comunidades sean escuchadas y protegidas.”

La decisión de Trump de abandonar este caso sienta un precedente preocupante en el ámbito de la justicia ambiental y deja en claro que, para su administración, los intereses corporativos prevalecen sobre la salud pública.