Pedro Castillo en el banquillo: el juicio que divide a Perú

El expresidente peruano Pedro Castillo enfrenta juicio por rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. Estos cargos se derivan de su fallido intento de disolver el Congreso y declarar un estado de emergencia en diciembre de 2022, un día que quedó marcado en la historia reciente de Perú.

Un intento fallido de golpe de Estado

Castillo, quien llegó al poder en 2021 como un outsider político y con un fuerte respaldo rural, intentó desmantelar el Congreso cuando se avecinaba una nueva votación de destitución en su contra. Sin embargo, su movimiento careció del apoyo del Ejército y fue rápidamente depuesto. Su arresto provocó protestas masivas en el sur del país, con un saldo trágico de al menos 49 muertos.

Un juicio que divide a la nación

El juicio de Castillo tiene lugar en una base policial, donde se encuentra detenido desde su captura. La fiscalía busca una condena de 34 años de prisión, basándose en la interpretación de que su declaración pública de disolución del Congreso constituyó un acto de rebelión.

En su defensa, Castillo ha argumentado que simplemente leyó un comunicado que nunca se implementó. “¿Desde cuándo leer un discurso es una rebelión?”, declaró en una audiencia previa.

¿Héroe o villano?

Para sus seguidores, Castillo es un líder que intentó desafiar a una élite política corrupta que bloqueó su gobierno desde el inicio. Sus opositores ven en él a un mandatario inepto que intentó socavar la democracia al más puro estilo de Alberto Fujimori, quien hizo lo mismo en los años 90, pero con éxito.

El contexto político

Desde la destitución de Castillo, Perú ha sido gobernado por su entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, quien ha girado hacia un estilo de gobierno más conservador y ha encontrado aliados en los partidos tradicionales del Congreso.

El juicio contra el expresidente es acompañado de fuertes tensiones sociales y políticas, con sectores populares aún pidiendo su liberación mientras otros exigen justicia por sus acciones. Este proceso recordó los numerosos intentos de vacancia presidencial que han sacudido al país en los últimos años, una muestra del frágil estado de la democracia en Perú.