Texas vs. médicos: La batalla legal por la atención a jóvenes transgénero
El estado de Texas lleva a los tribunales a tres médicos por supuestamente violar su prohibición de atención de afirmación de género a menores.
Una disputa legal sin precedentes
Texas se ha convertido en el epicentro de una batalla legal que podría definir el futuro de la atención médica para jóvenes transgénero en Estados Unidos. El estado ha presentado demandas contra tres médicos, incluyendo al endocrinólogo pediátrico Dr. Héctor Granados, acusándolos de seguir proporcionando atención de afirmación de género a menores pese a la prohibición vigente.
Las demandas, promovidas por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, alegan que los médicos violaron la ley estatal al seguir recetando bloqueadores de la pubertad y hormonas de reemplazo a pacientes trans menores de edad. De ser encontrados culpables, estos profesionales podrían enfrentar severas multas y la revocación de sus licencias médicas.
El caso del Dr. Héctor Granados
El Dr. Granados, quien trabaja en la ciudad fronteriza de El Paso, ha negado categóricamente las acusaciones. En una entrevista reciente, aseguró que dejó de proporcionar este tipo de tratamiento inmediatamente después de que la prohibición entrara en vigor en 2023. Sin embargo, el gobierno de Texas lo señala por haber continuado recetando tratamientos hormonales.
“Mirar a los pacientes fue difícil porque estaban decepcionados por lo que estaba sucediendo”, comentó Granados. A pesar de ello, sostiene que solo estaba siguiendo la ley y que su práctica médica se centra en atender problemas endocrinológicos en niños, no en transicionar a menores.
Impacto en la comunidad trans
El caso ha provocado inquietud en la comunidad trans, pues numerosos pacientes han visto interrumpidos sus tratamientos de forma abrupta. Emiliana Edwards, una joven trans de 18 años, expresó que su atención médica cambió drásticamente tras la aprobación de la ley. “Se sentía diferente, como si no pudiéramos hablar de nada, incluso de las cosas más simples”, afirmó.
Su madre, Lorena Edwards, también lamentó el cambio. Aunque Emiliana ha podido continuar su tratamiento en Nuevo México, donde este tipo de atención es legal, muchas familias no tienen esa opción.
El panorama a nivel nacional
Hasta la fecha, 27 estados en EE.UU. han aprobado prohibiciones o restricciones a la atención de afirmación de género para menores. Sin embargo, Texas es el primero en tomar medidas legales directas contra médicos, estableciendo un precedente que bien podría replicarse en otras regiones.
Para los profesionales de la salud, la incertidumbre aumenta. Muchos hospitales ya han dejado de ofrecer estos servicios pediátricos, y la amenaza de litigios desalienta a más médicos de involucrarse en este tipo de atención.
¿Qué sigue en la batalla legal?
El juicio contra el Dr. Granados está programado para octubre de este año. Mientras tanto, los otros dos médicos demandados, Dr. May Lau y Dr. M. Brett Cooper, tienen prohibido ver pacientes hasta que se resuelva su situación legal.
El fiscal Paxton ha sido tajante al respecto: “Haré cumplir la ley hasta las últimas consecuencias para evitar que cualquier médico proporcione estas peligrosas drogas a niños”.
Por otro lado, activistas y expertos en derechos humanos describen el caso como parte de un esfuerzo más amplio por restringir los derechos de las personas transgénero en el país. Sarah Warbelow, vicepresidenta de la Human Rights Campaign, advirtió que Texas está empujando medidas extremas que incluso otros estados republicanos han evitado.
Una lucha que trasciende Texas
Este caso no solo afecta a los médicos involucrados, sino que podría determinar el futuro de la atención médica para personas trans menores de edad en EE.UU. Con la administración de Donald Trump tomando medidas ejecutivas para restringir aún más estos servicios, la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+ está lejos de terminar.
Por ahora, numerosas familias y jóvenes trans ven con preocupación cómo sus opciones de atención médica se reducen, mientras los médicos enfrentan dilemas morales y legales sobre cómo seguir practicando la medicina en un entorno cada vez más hostil.