El futuro incierto de los refugiados en EE.UU. bajo la administración Trump
El gobierno de Trump desafía el fallo judicial y deja en el limbo a miles de refugiados
Una disputa legal que pone en jaque el programa de refugiados
El conflicto entre los grupos de ayuda a refugiados y la administración del expresidente Donald Trump ha alcanzado un nuevo nivel de tensión. Luego de que un juez federal en Seattle bloqueara la orden ejecutiva de Trump para suspender el programa de admisión de refugiados en Estados Unidos, el gobierno reaccionó de inmediato mediante la cancelación de los acuerdos de cooperación con organizaciones clave que facilitan el reasentamiento de estas personas.
El juez Jamal Whitehead dictaminó que Trump “no puede anular una ley pasada por el Congreso”, refiriéndose al Programa de Admisión de Refugiados de EE.UU., el cual fue establecido en 1980. Sin embargo, a pesar de esta resolución, grupos como Church World Service y HIAS comenzaron a recibir notificaciones de que sus acuerdos con el Departamento de Estado habían sido cancelados, lo que sugiere un intento del gobierno de sortear la orden judicial.
¿Qué implica la suspensión de los programas de reasentamiento?
El Programa de Admisión de Refugiados estadounidense proporciona asilo a personas que huyen de la guerra, desastres naturales o persecución en sus países de origen. Dicho proceso implica una rigurosa evaluación y puede extenderse por años. A diferencia del asilo (que se solicita una vez en EE.UU.), este programa garantiza seguridad a individuos antes de que pisen suelo norteamericano.
Con la anulación de estos acuerdos, miles de refugiados que ya habían sido aprobados para su ingreso al país han quedado en una situación desesperante. Según cifras gubernamentales, hay actualmente 600,000 personas en proceso de ser admitidas como refugiados, pero su destino ahora está en el aire.
Impacto directo en los refugiados y las organizaciones de ayuda
- Refugiados aprobados no podrán ingresar al país, quedando a merced de condiciones inestables.
- Los grupos de ayuda afrontarán despidos masivos y la pérdida de recursos fundamentales.
- Las personas reasentadas recientemente podrían perder asistencia esencial, como cobertura de alquiler.
Shawn VanDiver, director de #AfghanEvac, una red que ayuda en la reubicación de afganos que han trabajado con EE.UU., describió la situación como un acto de traición, comparándolo con el caos que se vivió en la retirada estadounidense de Afganistán en 2021.
“Ahora los afganos están por su cuenta para intentar llegar aquí.” — Shawn VanDiver
El trasfondo político del programa de refugiados
Si bien el programa de admisión de refugiados ha contado con respaldo bipartidista durante décadas, en los últimos años se ha convertido en un tema altamente politizado. Durante su primera administración, Trump redujo drásticamente la cuota anual de refugiados permitidos en EE.UU., en ciertos años limitándola a poco más de 15,000 personas, el nivel más bajo en la historia moderna del país.
Las acciones recientes de su gobierno, además de afectar a los refugiados, incluyen recortes drásticos en la ayuda humanitaria global, como parte de una estrategia de aislamiento financiero. El Departamento de Estado informó sobre planes de eliminar más del 90% de los contratos de asistencia global de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), afectando a programas clave en países en crisis.
¿Qué puede pasar ahora?
El juez Whitehead ha convocado a una audiencia de emergencia para el próximo lunes con el fin de esclarecer si la cancelación de los contratos gubernamentales infringe la orden previa. Mientras ello ocurre, los refugiados aprobados siguen en el limbo, y las organizaciones humanitarias luchan por sobrevivir sin ayuda estatal.
Expertos en derecho constitucional advierten que si la administración Trump continúa desafiando la orden de la corte, el caso podría llegar hasta la Corte Suprema de EE.UU., lo que prolongaría aún más la incertidumbre.
Lo que está en juego va más allá del destino de los actuales refugiados: se trata de la capacidad del gobierno estadounidense para cumplir con compromisos humanitarios y legales establecidos por el Congreso. La resolución de este caso marcará un precedente clave en la relación entre el poder ejecutivo y el sistema legal.
