La creciente batalla por el poder judicial en EE.UU.

La tensión entre el poder judicial y los demás poderes del gobierno no es un fenómeno nuevo en Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años, legisladores estatales han impulsado nuevas medidas para debilitar la independencia del sistema judicial, llegando incluso a cuestionar la idea misma de que los tribunales puedan decidir la constitucionalidad de las leyes.

¿Quién decide lo que es constitucional?

Uno de los principios fundamentales del sistema judicial estadounidense es la doctrina establecida en el caso Marbury v. Madison en 1803, donde la Corte Suprema determinó que los tribunales tienen la facultad de declarar inconstitucionales las leyes que violen la Carta Magna.

Sin embargo, en Montana, legisladores republicanos intentan desafiar esta premisa al proponer una medida que define el poder de revisión judicial como un "mito". El proyecto de ley afirma que ningún poder del gobierno debe tener la autoridad exclusiva para determinar la constitucionalidad de una ley, en una clara reacción a decisiones judiciales que han bloqueado leyes restrictivas en temas como el aborto y los derechos de la comunidad transgénero.

Kansas y la selección de jueces

En Kansas, la batalla se ha centrado en la manera en que se seleccionan los jueces del Tribunal Supremo estatal. Actualmente, un comité controlado por abogados revisa a los candidatos y el gobernador elige entre una terna. Los votantes pueden decidir cada seis años si los jueces continúan en sus cargos.

Los republicanos, encabezados por el presidente del Senado estatal, Ty Masterson, buscan cambiar este sistema para que los jueces sean elegidos directamente por los votantes, siguiendo el modelo de 22 estados del país. Críticos del cambio, como el exlíder republicano Fred Logan, advierten que esto aumentaría la influencia del dinero en las elecciones judiciales, dando prioridad a la capacidad de recaudar fondos sobre la experiencia legal.

Regulación vs. interpretación judicial

Otro frente abierto en esta lucha se encuentra en Oklahoma, donde una propuesta de ley busca prohibir que los jueces tomen en cuenta las interpretaciones de agencias gubernamentales sobre disposiciones legales ambiguas. Esta medida sigue una tendencia conservadora que critica el poder de las agencias federales, argumentando que a menudo sobrepasan sus competencias.

Este tipo de iniciativas no es nueva: al menos 20 estados han introducido propuestas similares a través de medidas legislativas, fallos judiciales o enmiendas constitucionales, como es el caso de Florida.

¿Castigar a los jueces por sus fallos?

La tensión entre el legislativo y el judicial también se hizo evidente en Missouri, donde el republicano Chad Perkins propuso una medida que eliminaría un puesto de juez en un tribunal local. La propuesta fue interpretada como un intento directo de apartar del cargo al juez Cotton Walker, cuyas decisiones han sido desfavorables para los conservadores.

Sin embargo, Perkins retiró la propuesta, argumentando que el tribunal afronta una gran carga de trabajo y que reducir el número de jueces afectaría la eficiencia del sistema judicial. No obstante, dejó en claro su desacuerdo con las decisiones del juez Walker y dejó la cuestión en manos de los votantes en las próximas elecciones.

La peligrosa erosión del poder judicial

Estos intentos por redefinir el equilibrio de poderes en los estados reflejan una tendencia nacional de desconfianza hacia el poder judicial, alimentada por líderes políticos que critican a los tribunales por obstaculizar su agenda.

Si bien propuestas para debilitar la independencia judicial han existido históricamente, el actual contexto político, con un expresidente Donald Trump enfrentando múltiples demandas y una fuerte polarización ideológica, ha intensificado estos esfuerzos.

El impacto de estas medidas aún no es claro, pero activistas y juristas advierten que si continúan, podrían poner en riesgo la imparcialidad del sistema de justicia en Estados Unidos.