El acceso de Elon Musk a los sistemas de pago del gobierno desata una tormenta política

En medio de crecientes preocupaciones sobre la transparencia y la seguridad dentro del gobierno de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro ha anunciado una auditoría de los controles de seguridad de su sistema de pagos. Este movimiento surge luego de que legisladores demócratas plantearan inquietudes sobre el acceso concedido al equipo de Elon Musk dentro del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) en la administración de Donald Trump.

¿Qué está en juego?

Elon Musk, a la cabeza de un grupo que supuestamente busca optimizar los recursos federales, ha obtenido acceso a sistemas informáticos sensibles, lo que plantea serias interrogantes sobre el uso y la seguridad de la información gubernamental. Mientras Musk alega que está descubriendo “fraudes y despilfarros”, las evidencias que sustentan dichas afirmaciones aún no se han hecho públicas.

La auditoría en curso

El viceinspector general del Tesoro, Loren J. Sciurba, anunció que la auditoría cubrirá transacciones de los últimos dos años y examinará los posibles intentos de fraude que Musk ha señalado. Sciurba enfatizó que el proceso será amplio y probablemente se extenderá hasta agosto. Sin embargo, no descartó la posibilidad de publicar informes preliminares en caso de que surjan problemas urgentes.

Reacciones políticas y legales

Los senadores demócratas Elizabeth Warren y Ron Wyden, junto con Jack Reed, enviaron una carta al secretario del Tesoro, Scott Bessent, exigiendo una explicación clara sobre quién accedió a los sistemas de pago, qué hicieron y con qué finalidad. En sus propias palabras:

“Su falta de franqueza sobre estos eventos es extremadamente preocupante, dados los riesgos para la economía y el público derivados de la injerencia de DOGE.”

Además, varios exsecretarios del Tesoro han expresado su alarma ante la posibilidad de que este acceso indebido ponga en riesgo la integridad de los pagos autorizados por el Congreso.

Contradicciones en el acceso otorgado

Inicialmente, el Departamento del Tesoro afirmó que DOGE solo tenía acceso de lectura a los sistemas de pago. Posteriormente, admitió que un miembro del equipo tuvo la capacidad de editar código, lo cual luego se retractó alegando que fue un “error accidental”.

Un empleado de 25 años identificado como Marko Elez fue quien supuestamente otorgó este acceso indebido. Elez renunció tras la difusión de publicaciones racistas en sus redes sociales, aunque su despido ha sido controvertido, con Musk y el vicepresidente J.D. Vance abogando por su reincorporación.

Preocupaciones sobre la privatización gubernamental

La participación de Musk en el gobierno no es nueva, pero en esta ocasión genera mayor inquietud porque su historial empresarial con Tesla, SpaceX y X (anteriormente Twitter) ha demostrado que tiene un enfoque agresivo a la eficiencia y el manejo de datos. Algunos críticos advierten que permitirle un acceso sin supervisión a infraestructuras gubernamentales podría facilitar la privatización de funciones esenciales del Estado, beneficiando eventualmente a sus negocios privados.

Demandas y represalias contra inspectores generales

Bajo la administración Trump, varios inspectores generales independientes fueron despedidos, lo que ha generado demandas en los tribunales federales. Estas destituciones han suscitado sospechas de que el gobierno desea limitar la supervisión de sus operaciones internas, particularmente en casos como el acceso de Musk a los pagos del Tesoro.

El futuro: ¿Más transparencia o más encubrimientos?

Este episodio podría definir el futuro de la supervisión gubernamental bajo la administración Trump. Mientras los demócratas presionan por mayor claridad, la Casa Blanca y los aliados de Musk minimizan las preocupaciones, argumentando que la burocracia estatal necesita una transformación radical.

Con las elecciones en el horizonte y las investigaciones en curso, el acceso de Musk a los sistemas del Tesoro promete seguir siendo un punto de fricción política de primer orden.