Josh Shapiro demanda a agencias federales por la retención de fondos en Pensilvania
El gobernador de Pensilvania acusa a la administración Trump de bloquear fondos ya aprobados por el Congreso
Un conflicto legal por fondos federales congelados
El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, anunció una demanda contra varias agencias federales bajo la administración de Donald Trump, acusándolas de retener ilegalmente miles de millones de dólares en fondos asignados a programas en su estado. Shapiro, del Partido Demócrata, ha señalado que estas acciones carecen de base legal y violan la Constitución de Estados Unidos.
La demanda, presentada en una corte federal en Filadelfia, califica el bloqueo de fondos como un acto “flagrantemente ilegal” y sostiene que ninguna agencia tiene la autoridad para retener financiamiento aprobado por el Congreso por meras diferencias políticas.
Un bloqueo que desafía órdenes judiciales
El conflicto surge tras un memorando emitido en enero por la administración Trump, que imponía una pausa en la distribución de subvenciones y préstamos federales. Aunque ese documento fue rescindido rápidamente, muchos fondos críticos permanecen bloqueados. Un juez ya había ordenado a la administración reanudar los desembolsos, pero hasta el momento, esos fondos no han sido liberados en su totalidad.
El gobierno de Pensilvania estima que aproximadamente 2,500 millones de dólares en subvenciones o reembolsos destinados al estado siguen en el limbo o bajo una revisión sin autorización legislativa. Entre los programas afectados, se incluyen iniciativas para reducir la contaminación, mejorar la eficiencia energética y remediar pozos de gas abandonados.
Violaciones constitucionales y repercusiones para Pensilvania
Los abogados de Shapiro argumentan que esta suspensión contradice la Cláusula de Gastos de la Constitución de Estados Unidos, la cual establece que una vez que los fondos han sido asignados por el Congreso y aceptados por un estado, la administración federal no puede imponer nuevas condiciones o bloqueos sin una justificación legal específica.
Esta retención de recursos no solo ha generado bloqueos administrativos, sino que también ha afectado directamente programas dirigidos a mejorar la infraestructura y combatir la crisis climática. “Poner en pausa estos fondos es inaceptable y una clara violación de nuestra constitución”, señalaron los abogados del gobernador.
La respuesta de la administración Trump
Hasta el momento, las entidades demandadas, que incluyen la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, la Agencia de Protección Ambiental y los departamentos de Energía, Transporte e Interior, no han emitido comentarios oficiales sobre la demanda.
Una de las justificaciones iniciales del gobierno federal para esta pausa en los fondos fue la necesidad de evaluar si los gastos se alineaban con las órdenes ejecutivas de Trump en temas como el cambio climático y la equidad social. Sin embargo, los tribunales han determinado que esta suspensión no tiene sustento legal.
Un caso con implicaciones nacionales
Este no es el único caso relacionado con la pausa en el financiamiento federal. Casi dos docenas de estados liderados por demócratas han presentado demandas similares, logrando fallos que obligan a la administración a desbloquear los fondos, aunque las agencias federales han apelado repetidamente las decisiones judiciales.
En el caso de Pensilvania, Shapiro insiste en que la administración Trump está ignorando las órdenes judiciales y retrasando el acceso a recursos críticos. La decisión final de los tribunales podría sentar un precedente sobre los límites del poder ejecutivo en la gestión del gasto público aprobado por el Congreso.
