La batalla legal por la Ley de Víctimas Infantiles en Nueva York: justicia vs. burocracia
El caso de abuso sexual infantil en Albany desafía los estándares legales y plantea interrogantes sobre el acceso a la justicia para las víctimas.
Un caso que pone a prueba la Ley de Víctimas Infantiles
El sistema judicial de Nueva York se encuentra en el centro de un debate crucial sobre los derechos de las víctimas de abuso infantil. Frente al Tribunal de Apelaciones, la máxima corte estatal, abogados discutieron sobre el nivel de precisión que un demandante debe ofrecer en su reclamo para que sea considerado válido. En el caso en cuestión, un hombre alega haber sido abusado sexualmente en múltiples ocasiones en las inmediaciones del teatro estatal The Egg, entre 1986 y 1990, cuando tenía solo 12 años.
La demanda, presentada bajo la Ley de Víctimas Infantiles aprobada en 2019, ha puesto en jaque el equilibrio entre la defensa del estado y el derecho de las víctimas a obtener justicia. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha solicitado su desestimación, argumentando que la falta de precisión en las fechas y los detalles del abuso dificulta la capacidad del estado para defenderse y evaluar su responsabilidad en el caso.
El dilema de las pruebas en casos de abuso infantil
El argumento principal del estado se basa en la necesidad de especificar un rango de tiempo más estrecho en las denuncias por abuso. Según Jeffrey Lang, abogado de la fiscalía, no es necesario que el demandante proporcione una fecha exacta, pero sí un margen mucho más reducido. Este nivel de precisión, argumenta la defensa del estado, es vital para la investigación de los hechos y para establecer responsabilidades.
Sin embargo, los defensores de las víctimas han señalado que exigir este nivel de detalle es ignorar la naturaleza del trauma infantil. Muchas víctimas de abuso infantil tardan años, incluso décadas, en procesar los eventos traumáticos que vivieron, y la memoria fragmentada es una característica común en estos casos. De hecho, un tribunal de apelaciones ya había revocado previamente la desestimación de la demanda, argumentando que, debido al tiempo transcurrido y la edad del demandante en el momento del abuso, el rango de tiempo indicado en la demanda era suficiente.
El papel de Letitia James y la imagen de Nueva York
Letitia James, una fiscal general conocida por su defensa de los derechos de las víctimas, se encuentra en una posición complicada. Su oficina tiene el deber legal de defender al estado en demandas, lo que la pone en una aparente contradicción con su imagen pública como defensora de los sobrevivientes de abuso. Según un portavoz de la fiscal, su oficina está comprometida con garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia, pero también debe cumplir con su papel de protección legal del estado.
Gary Greenberg, un activista clave en la promulgación de la Ley de Víctimas Infantiles, acusó al estado de dar la espalda a los sobrevivientes. "Básicamente, el estado está diciendo, ‘No les creemos a las víctimas. No permitiremos que estas personas tengan su día en la corte’", expresó con indignación.
Un precedente para otras demandas de abuso
La decisión de la Corte de Apelaciones podría tener implicaciones en otras demandas presentadas bajo la Ley de Víctimas Infantiles y su posterior extensión, la Ley de Sobrevivientes Adultos. Estas legislaciones han permitido a miles de personas presentar denuncias de abuso, algunas dirigidas contra instituciones privadas como la Iglesia y escuelas, y otras contra el propio estado de Nueva York.
Según los registros, solo bajo la Ley de Víctimas Infantiles, más de 10,800 demandas fueron presentadas en los dos años de vigencia de la ventana legal, de las cuales aproximadamente 300 apuntaban directamente al estado. La Ley de Sobrevivientes Adultos, que fue aprobada en años posteriores, generó más de 1,400 nuevas demandas, muchas de ellas por abusos cometidos en instituciones estatales como prisiones.
El futuro de la justicia para las víctimas
La disputa entre la obligación del estado de defenderse legalmente y el derecho de las víctimas a ser escuchadas ilustra el complejo panorama en la lucha contra el abuso infantil. La resolución de este caso sentará un precedente crucial para futuras demandas y podría definir los límites de lo que las víctimas necesitan recordar para obtener justicia.
A medida que el tribunal evalúa los argumentos de ambas partes, activistas y defensores de los derechos humanos observan atentos el desenlace, esperando que la balanza se incline a favor de quienes han esperado demasiado tiempo para contar su historia.
