Trump y el fin del derecho a la ciudadanía por nacimiento: la batalla legal que sacude a EE.UU.
El intento de la administración Trump por restringir la ciudadanía de los hijos de inmigrantes genera una feroz lucha en los tribunales.
Un ataque frontal al derecho de nacimiento
El debate sobre la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos ha alcanzado un punto álgido con el intento del expresidente Donald Trump de eliminar este derecho a través de una orden ejecutiva. La medida ha suscitado una intensa batalla legal en los tribunales federales, con jueces bloqueando repetidamente el esfuerzo de la administración republicana.
El derecho a la ciudadanía por nacimiento, consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, ha sido un pilar fundamental en la historia del país desde su ratificación en 1868. Sin embargo, Trump y sus aliados han argumentado que este derecho no debería aplicarse a los hijos de inmigrantes indocumentados, un punto de vista que ha sido ampliamente desafiado en los tribunales.
La Enmienda 14 y su importancia
La 14ª Enmienda establece claramente en su primera sección: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen." La intención original de esta enmienda surgió después de la Guerra Civil, con el propósito de garantizar la ciudadanía a los afroamericanos y derogar la infame decisión del caso Dred Scott vs. Sandford de 1857, que negaba la ciudadanía a esclavos y sus descendientes.
Más tarde, en 1898, la Corte Suprema reforzó este principio en el célebre caso Estados Unidos vs. Wong Kim Ark, asegurando que cualquier niño nacido en suelo estadounidense —excepto hijos de diplomáticos extranjeros— tenía derecho automático a la ciudadanía.
Los intentos de revocar el derecho
Durante su presidencia, Trump intentó reescribir esta historia mediante una orden ejecutiva que buscaba impedir la concesión automática de la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados. En su defensa, la administración sostuvo que estos niños no estaban "plenamente sujetos a la jurisdicción de EE.UU." y, por lo tanto, no calificaban para la ciudadanía.
Sin embargo, los tribunales han rechazado repetidamente esta interpretación. Un ejemplo reciente ocurrió en Concord, New Hampshire, donde el juez federal Joseph N. Laplante bloqueó la orden presidencial, uniéndose a fallos similares en Seattle y Maryland.
Las implicaciones políticas y sociales
La controversia sobre el derecho de nacimiento no es solo un asunto legal, sino también político y social. La eliminación de este derecho afectaría a cientos de miles de niños nacidos en EE.UU., privándolos de ciudadanía y derechos fundamentales.
Además, pondría en entredicho la posición de Estados Unidos dentro del grupo de aproximadamente 30 países en el mundo —incluidos Canadá y México— que siguen el principio de jus soli (derecho del suelo) como base para la ciudadanía.
La respuesta de los tribunales
Ante los intentos de la administración Trump, múltiples organizaciones de derechos civiles, lideradas por la American Civil Liberties Union (ACLU), han llevado el caso a los tribunales argumentando que la orden ejecutiva representa una violación directa de la Constitución.
Cada fallo adverso a la orden ejecutiva de Trump ha fortalecido la noción de que el presidente no puede revocar unilateralmente principios constitucionales establecidos hace más de un siglo. Como señaló el juez John C. Coughenour, quien bloqueó la orden en Seattle: "El estado de derecho no es algo que se pueda manipular a conveniencia política."
¿Qué sigue para la ciudadanía por nacimiento?
El futuro de este derecho sigue en disputa, especialmente ante la posibilidad de una nueva administración republicana que intente revivir la propuesta. Si bien la jurisprudencia ha respaldado de manera consistente la ciudadanía por nacimiento, una Corte Suprema con una inclinación conservadora podría reconsiderar la cuestión.
Mientras tanto, el debate continúa encendiendo pasiones en ambos lados del espectro político. Para los defensores de los derechos de los inmigrantes, la idea de revocar la primera sección de la Enmienda 14 es una afrenta a los valores fundamentales del país. Para quienes apoyan restricciones más estrictas en la inmigración, es una cuestión de "soberanía nacional y control fronterizo".
Lo cierto es que esta lucha legal y política está lejos de terminar. Y con elecciones en el horizonte, la ciudadanía por nacimiento seguirá siendo un tema central en la discusión nacional.
