El futuro de los derechos trans: el impacto de las órdenes ejecutivas sobre cuidados de afirmación de género

Cómo las políticas recientes afectan a las familias transgénero y generan disputas legales en Estados Unidos.

En un movimiento polémico que continúa agitando el panorama político de Estados Unidos, siete familias con menores transgénero y no binarios han decidido demandar al expresidente Donald Trump tras la firma de su orden ejecutiva que bloquea el apoyo federal para la atención médica de afirmación de género en personas menores de 19 años. Esta acción legal se suma a una serie de batallas en curso para proteger los derechos de las personas LGBTQ+ en el país.

¿Qué implica la orden ejecutiva de Donald Trump?

El 24 de octubre, Trump firmó una orden que prohíbe utilizar fondos federales, incluidos los provenientes de Medicaid y TRICARE (el programa de seguro médico para miembros de las fuerzas armadas), para cubrir tratamientos de afirmación de género para menores de edad. Esta decisión ha dejado en el limbo a un número significativo de jóvenes y sus familias, quienes dependen de estos programas para acceder a cuidados médicos esenciales como bloqueadores de la pubertad y tratamientos hormonales.

Uno de los casos emblemáticos es el de Kristen Chapman, madre de Willow, una adolescente trans de 17 años. La familia tuvo que mudarse de Tennessee a Virginia en 2023 debido a una prohibición estatal similar. Sin embargo, cuando Willow estaba a punto de iniciar su tratamiento con un médico que aceptaba Medicaid, la nueva orden ejecutiva detuvo el proceso. “Pensé que Virginia sería un lugar seguro para mi hija. Ahora estoy devastada y asustada”, expresó Kristen.

¿Quiénes están luchando por revertir la medida?

La demanda ha sido presentada en un tribunal federal de Baltimore por varias familias, con el apoyo de importantes organizaciones como PFLAG, que agrupa a familias LGBTQ+, y GLMA, una red de profesionales de la salud. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Lambda Legal, quienes representan a los demandantes, alegan que la orden ejecutiva es “ilegal e inconstitucional”, argumentando que viola derechos básicos y discrimina a las personas transgénero.

Además, sostienen que la orden infringe los derechos de los padres al limitar su capacidad de tomar decisiones médicas fundadas en estándares médicos establecidos. Alex Sheldon, director ejecutivo de GLMA, destacó: “Esta medida intenta suplantar el conocimiento médico con una agenda política extrema, poniendo en peligro a jóvenes vulnerables y sus proveedores de salud”.

Impacto nacional: una batalla de derechos civiles

Esta controversia forma parte de un ataque más amplio contra los derechos transgénero en Estados Unidos. Según el Centro de Leyes Transgénero, al menos 26 estados han aprobado o están considerando leyes para restringir o prohibir el cuidado de afirmación de género en menores. Estas medidas han generado un entorno hostil que afecta tanto el acceso a la atención médica como la percepción pública sobre las personas trans.

El propio Trump ha utilizado un lenguaje contundente, calificando estos procedimientos como “mutilaciones” y afirmando que los niños son “impresionables”. Estas declaraciones han incrementado la polarización sobre un tema ya controvertido, alimentando la desinformación y los prejuicios.

Un debate basado en datos médicos

Lo que parece pasar desapercibido en medio del debate político es que, según expertos y estudios, los tratamientos de afirmación de género están respaldados por asociaciones médicas líderes como la Academia Americana de Pediatría y la Asociación Médica Americana. Además, solo una fracción mínima de los adolescentes (menos de 1 en 1,000) accede a estos cuidados, que incluyen opciones no quirúrgicas como bloqueadores hormonales y orientación psicológica.

Un estudio publicado en The Lancet reveló que el acceso a este tipo de tratamientos reduce significativamente los niveles de ansiedad y depresión en jóvenes trans. Sin embargo, la falta de acceso podría llevar a un incremento en tasas de suicidio entre esta población vulnerable.

¿Cuál es el camino a seguir?

A medida que avanzan las demandas en tribunales, se espera que casos similares lleguen hasta la Corte Suprema, lo que podría establecer precedentes sobre los derechos de las personas trans en Estados Unidos. Mientras tanto, estados como Nueva York, liderado por la fiscal general Letitia James, han tomado medidas para proteger los derechos trans respaldando legalmente a los hospitales que ofrecen cuidados de afirmación de género.

“Negarse a proporcionar estos servicios viola la legislación de derechos civiles”, afirmó James en un comunicado dirigido a los centros de salud del estado de Nueva York. Este contraste entre estados resalta la fragmentación del panorama legal y la importancia de un fallo a nivel federal.

Más allá del cuidado médico: otras políticas restrictivas

La orden ejecutiva de Trump es solo una pieza de un mosaico más amplio de políticas que afectan a la población trans. Entre ellas se incluyen el intento de redefinir el género como inmutable y las restricciones al servicio militar de personas transgénero. Estas medidas han sido vistas como un retroceso significativo en comparación con las políticas inclusivas establecidas durante la administración de Joe Biden.

En definitiva, este es un momento crucial para los derechos LGBTQ+ en Estados Unidos. Mientras las familias y los defensores legales luchan por defender los avances logrados, el país se enfrenta a una prueba divisiva sobre los valores de igualdad, justicia y dignidad para todos sus ciudadanos.

Este artículo fue redactado con información de Associated Press