La nueva era de las políticas migratorias de Trump: arrestos masivos y deportaciones aceleradas

Un regreso marcado por la agresividad

Donald Trump, en su segunda presidencia, ha regresado con un marcado enfoque en endurecer las políticas migratorias. Durante su primera semana en el cargo, firmó 10 órdenes ejecutivas centradas en la inmigración, implementando una serie de medidas que buscan cumplir con las promesas de deportaciones masivas y reforzar la seguridad en las fronteras.

Según la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), los arrestos de inmigrantes han experimentado un aumento significativo. De un promedio diario de 311 detenciones bajo la administración Biden, las cifras se dispararon a más de 700 por día, rompiendo récords históricos. Si esta tendencia persiste, podría superar los niveles alcanzados durante los años más intensos de la administración Obama, como en 2013, cuando el promedio diario llegó a 636.

Priorizando la deportación

Un cambio fundamental implementado por Trump es la expansión de los objetivos de arresto de ICE. Ahora, cualquier persona en el país ilegalmente está bajo riesgo inmediato de detención, independientemente de que tenga antecedentes criminales o no. “Nadie tiene un pase gratuito”, declaró Matt Elliston, director de la oficina de campo de ICE en Baltimore.

Entre las acciones destacadas bajo la nueva administración, se incluyen arrestos de alto perfil en ciudades como Atlanta, Dallas y Chicago, donde la participación de múltiples agencias como el FBI, la DEA y la Patrulla Fronteriza han intensificado los operativos. Estas redadas han llevado al arresto de cientos de inmigrantes durante los primeros días de la nueva administración.

Deportaciones aceleradas y vuelos coordinados

ICE no ha divulgado cifras exactas de deportaciones desde que Trump volvió al poder, pero ha destacado el uso de aviones militares para las operaciones, una práctica que ya se implementó en su primer mandato. En su primer mes, la administración organizó vuelos a países de origen de migrantes, como Guatemala, utilizando aviones militares para deportaciones masivas. En un caso relevante, el presidente colombiano Gustavo Petro retrocedió ante la posibilidad de un aumento del 25 % en los aranceles comerciales tras rechazar inicialmente la recepción de dos vuelos con deportados, lo que marcó un precedente de diplomacia agresiva.

Adicionalmente, la administración restauró el uso de la regla de "expulsión expedita" para permitir deportaciones rápidas sin la necesidad de comparecer ante un juez. Esta expansión enfrenta desafíos legales por parte de organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

El fin de las políticas humanitarias

Varias políticas de la administración Biden enfocadas en trato humanitario también han sido desmanteladas. Se canceló el uso de la aplicación CBP One utilizada para facilitar el ingreso de migrantes por cruces terrestres. Además, más de 500,000 permisos temporales para ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela fueron eliminados.

La restauración del programa "Permanecer en México" también está en marcha, obligando a los solicitantes de asilo a esperar sus audiencias en México. Este programa, altamente controvertido, generó críticas generalizadas durante el primer mandato de Trump por las condiciones inhumanas que enfrentaban los migrantes en la frontera.

Lugares sensibles ya no serán intocables

Otra medida eliminada es la política que protegía escuelas, hospitales y lugares de culto de las operaciones de ICE. Bajo las nuevas reglas, estas ubicaciones ya no son zonas prohibidas y están sujetas a operativos. Aunque oficialmente ICE ha declarado que rara vez realizan arrestos en estos lugares, el temor entre las comunidades migrantes ha crecido significativamente. Padres temen ser arrestados frente a sus hijos en las escuelas, y pacientes podrían evitar buscar atención médica por miedo a detenciones.

¿Qué sigue en la agenda?

Algunas medidas prometidas todavía están en etapas iniciales o enfrentan desafíos legales. Por ejemplo, Trump ha manifestado su intención de terminar con la ciudadanía automática para los nacidos en suelo estadounidense, algo que requeriría la modificación de la Enmienda 14 de la Constitución, un proceso complejo y políticamente divisivo.

Mientras tanto, organizaciones legales y de derechos humanos han alzado la voz, alegando que estas políticas no solo son inhumanas, sino que también generan tensiones sociales. “Las políticas actuales buscan criminalizar a toda una comunidad, generando un clima de terror”, afirmó un portavoz de la ACLU.

Comunidades en alerta

En muchos estados santuario, las tensiones entre las autoridades locales y federales han aumentado. Oficialmente, ICE continúa intentado establecer alianzas con líderes locales, pero los funcionarios en áreas con altos niveles de inmigración han mostrado resistencia. En ciudades como Chicago y San Francisco, donde existen políticas para limitar la cooperación con las autoridades migratorias, la situación es particularmente tensa.

Para familias como las de Jacobo Dueñas, de 38 años, quien recientemente fue deportado a Guatemala, el futuro es incierto. "Es mi primer intento del año, y no sé si volveré a intentarlo", declaró tras ser deportado en un vuelo militar.

Un panorama de incertidumbre

A medida que estas políticas se implementan, la incertidumbre y el temor reinan entre las comunidades migrantes. Las implicaciones de estos cambios no solo afectan a quienes residen ilegalmente en el país, sino que también generan divisiones políticas y sociales en toda la nación.