La batalla por los impuestos a la propiedad en Georgia: ¿Quién tiene la última palabra?
La reciente enmienda constitucional genera disputas entre votantes, distritos escolares y legisladores estatales.
Los límites impositivos en Georgia: una medida controvertida
En noviembre de 2023, los votantes de Georgia aprobaron por una abrumadora mayoría del 63% una enmienda constitucional que establecería un tope al crecimiento del valor de las propiedades a efectos fiscales, ajustándolo al índice de inflación. Este movimiento se dio en respuesta a una creciente frustración popular por el aumento masivo de los impuestos a la propiedad en años recientes. Entre 2018 y 2023, el valor tasado total de las propiedades en el estado creció un 61%, mientras que la recaudación fiscal aumentó un 44%, según datos del Departamento de Ingresos de Georgia.
Sin embargo, esta aparente victoria para los propietarios de viviendas ha desencadenado tensiones significativas entre los distritos escolares, los legisladores estatales y los votantes, especialmente debido a una disposición que permite a los distritos escolares, municipios y condados "excluirse" de este límite antes del 1 de marzo de 2024.
El descontento entre los contribuyentes
La reacción de los contribuyentes a esta disposición ha sido altamente negativa en varios casos. Mike Goff, residente de Lilburn, expresó su frustración durante una audiencia pública organizada por la junta escolar del condado de Gwinnett, el distrito escolar más grande del estado con 183,000 estudiantes. "En tres años, mis impuestos a la propiedad se han más que duplicado", declaró Goff. "Ningún vecino que he consultado está a favor de optar por salir del límite. Nadie quiere que nuestros impuestos se dupliquen cada tres años".
Según funcionarios del distrito de Gwinnett, el tope podría disminuir los ingresos fiscales en aproximadamente $35 millones anuales, creando una presión financiera considerable.
¿Por qué los distritos escolares están optando por excluirse?
La preocupación principal de los distritos escolares radica en el temor de que sus ingresos fiscales no mantengan el ritmo de los incrementos en los costos operativos futuros. En el distrito escolar de Carrollton, que fue el primero en optar por excluirse del límite, el superintendente Mark Albertus argumentó que, si el límite hubiese estado en vigor en los últimos seis años, el distrito habría perdido más de $4 millones en ingresos fiscales. "Los ingresos del distrito escolar disminuirán significativamente con el tiempo debido a este límite", sostuvo Albertus en un comunicado.
A diferencia de las ciudades y los condados, los distritos escolares no tienen la opción de implementar impuestos sobre las ventas para compensar las pérdidas en los ingresos, lo que los coloca en una posición más vulnerable.
Respuestas legislativas y posibles enfrentamientos
Varios legisladores estatales han expresado su intención de tomar medidas si ciertos distritos escolares deciden optar por excluirse. El presidente del Comité de Finanzas del Senado, Chuck Hufstetler, republicano de Roma, afirmó que presentará legislación local para obligar a los distritos a cumplir con el límite. "En lugares como mi condado, Floyd, donde más del 70% de los votantes apoyaron el límite, los distritos escolares deberían respetar esa decisión", señaló Hufstetler en un artículo reciente publicado en The Rome News Tribune.
Una medida como esta requeriría una segunda votación local para hacer el tope obligatorio, lo que podría volver a polarizar a las comunidades.
El impacto político y económico más amplio
Georgia no es el único estado que enfrenta estas dinámicas. En 2023, otras siete jurisdicciones en los Estados Unidos presentaron medidas relacionadas con impuestos a la propiedad, reflejando un debate nacional sobre la equidad fiscal y el impacto de los impuestos en el acceso a la vivienda.
La tensión entre los votantes, que buscan alivio fiscal, y los sistemas escolares, que dependen en gran medida de los impuestos a la propiedad, presenta un dilema complejo sobre cómo financiar la educación pública en un contexto de costos crecientes y desigualdades territoriales.
Esta situación subraya un desafío crítico: encontrar un equilibrio entre la responsabilidad fiscal y garantizar servicios públicos de calidad, en este caso, la educación. En Georgia, este debate está lejos de resolverse, y las decisiones en los próximos meses tendrán un impacto duradero tanto en los ciudadanos como en las instituciones públicas.
