El futuro incierto del aborto en Estados Unidos: nuevas batallas legales y políticas en 2025

Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló Roe vs. Wade en 2022, el panorama legal del aborto ha atravesado un terremoto político. El comienzo de 2025 no es excepción: los estados, las cortes y el nuevo mandato presidencial prometen seguir marcando el rumbo de esta controvertida cuestión. Con más de 400 proyectos de ley sobre el aborto introducidos en las legislaturas estatales en lo que va del año, el tema sigue polarizando al país.

La influencia de la administración de Donald Trump

El lunes 20 de enero de 2025, Donald Trump asumió su segundo mandato como presidente de Estados Unidos. Su administración contrasta marcadamente con la del expresidente Joe Biden, quien defendió los derechos al aborto en cada oportunidad. Aunque Trump ha afirmado que la cuestión del aborto debería ser decidida por los estados, sus acciones en términos de nombramientos judiciales y políticas ejecutivas han tenido un impacto significativo en las legislaciones estatales y federales sobre el tema.

Por ejemplo, Trump nombró al juez Matthew Kacsmaryk, quien ha emitido decisiones clave relacionadas con el acceso al medicamento abortivo mifepristona. Este fármaco, utilizado junto con otro medicamento, representa más del 60% de los abortos realizados en Estados Unidos según estadísticas recientes. Sin embargo, estados como Idaho, Kansas y Misuri presionan para restringir su uso, exigiendo que las pacientes sean vistas en persona y limitándolo a las primeras siete semanas de embarazo.

Los estados: epicentros de la batalla

Desde que la decisión de la Corte Suprema permitió a los estados regular el aborto, se han adoptado políticas drásticamente diferentes en todo el país. Actualmente, 13 estados liderados por legislaturas republicanas imponen prohibiciones totales, mientras que otros prohíben el aborto después de las seis semanas de embarazo. Por otro lado, estados demócratas han aprobado leyes que protegen a los médicos que prescriben medicamentos abortivos a través de telemedicina, incluso para pacientes en estados con prohibiciones.

Missouri ofrece un caso interesante: a pesar de que su gobierno estatal busca restringir severamente el aborto, los votantes rechazaron una de las leyes más estrictas a través de un referéndum. Este contraste refleja una desconexión entre los líderes políticos y la voluntad popular en algunos estados.

Nueva batalla judicial en Texas

El juez Kacsmaryk, con sede en Amarillo, Texas, recientemente falló a favor de permitir que Idaho, Kansas y Misuri avancen con un caso para restringir el acceso a mifepristona. Los estados buscan revertir las actualizaciones de la FDA que han facilitado el acceso al medicamento. Organismos como la American Civil Liberties Union (ACLU) han criticado esta maniobra, argumentando que reabre puertas para ataques contra el derecho al aborto por medios judiciales.

Aunque el Tribunal Supremo ya dictaminó en 2024 que los opositores al aborto carecían de bases legales para demandar en casos previos relacionados con la mifepristona, el fallo del juez Kacsmaryk ha dado una nueva oportunidad para cuestionar las regulaciones del fármaco.

Impacto en la salud pública

Según estudios recientes, los abortos con medicamentos son seguros en más del 97% de los casos y han transformado radicalmente el acceso al aborto en Estados Unidos, especialmente en áreas donde los procedimientos quirúrgicos son menos accesibles. Sin embargo, las restricciones propuestas socavan estos avances al imponer barreras como la necesidad de múltiples visitas presenciales y limitación al uso del medicamento a las primeras semanas de embarazo.

Además, en estados con prohibiciones totales, estudios de organizaciones sanitarias han encontrado que los residentes continúan buscando abortos mediante telemedicina o viajando a estados vecinos, lo que demuestra que las prohibiciones no eliminan la demanda sino que la trasladan a otras jurisdicciones.

Ley, política y sociedad: ¿qué sigue?

El debate sobre el aborto en Estados Unidos está lejos de terminar. Los movimientos antiaborto han virado su enfoque hacia el acceso a medicamentos abortivos, conscientes de su creciente uso. Por otro lado, estados progresistas están reforzando protecciones para garantizar el acceso a estas opciones, incluso frente a las restricciones impuestas por otros estados.

Al mismo tiempo, los ciudadanos están cada vez más movilizados. Desde referendos estatales hasta elecciones legislativas, el aborto promete ser un tema central en los años venideros, con implicaciones tanto legales como sociales.

Por último, las diferencias en los enfoques estatales subrayan la complejidad y fragmentación de los derechos reproductivos en el país. ¿Seguirá avanzando la balanza hacia mayores restricciones, o veremos un resurgimiento de políticas que garanticen el derecho al aborto? La respuesta dependerá de la interacción entre las cortes, las legislaturas y la ciudadanía organizadas.