El acuerdo Flores ha protegido a la niñez migrante en EEUU por casi 3 décadas. Eso podría cambiar
AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — El gobierno de Estados Unidos quiere poner fin parcialmente a un acuerdo de 27 años de antigüedad que proporciona supervisión judicial a la forma como el gobierno federal cuida a los niños migrantes bajo su custodia.
La petición presentada ante un juez federal el viernes se produce semanas después de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) publicara su propia norma sobre medidas de protección, la cual entrará en vigor el 1 de julio y, según el secretario Xavier Becerra, establecerá “normas claras para el cuidado y tratamiento de los niños (migrantes) no acompañados”.
En una moción presentada ante un tribunal federal de California, el gobierno argumenta que la supervisión judicial ha excedido su propósito y que una nueva normativa es una mejor solución para garantizar la seguridad de los menores.
Los defensores de los niños dicen que lo que se conoce como el acuerdo Flores ha sido fundamental para garantizar condiciones seguras para la niñez, especialmente por el aumento en las detenciones fronterizas ocurridas en los últimos dos años, que incluyeron a casi 300.000 menores no acompañados.
A continuación, un vistazo al acuerdo Flores y por qué es importante:
El acuerdo de 1997 fue el resultado de más de una década de litigios entre abogados que representaban los derechos de los niños migrantes y el gobierno de Estados Unidos por las denuncias generalizadas de malos tratos en la década de 1980.
La demanda original se presentó en nombre de cuatro adolescentes, entre ellos Jenny Lisette Flores, una salvadoreña de 15 años. En la demanda se detallaba cómo Flores y los demás demandantes fueron retenidos por el gobierno durante largos periodos, a menudo en instalaciones con adultos no emparentados, y no recibieron educación ni atención médica adecuada.
El acuerdo establece normas para la detención, el tratamiento y la liberación de menores. Ordena que los niños migrantes sean entregados sin demora necesaria a su familia, a un programa de bienestar infantil o a un adulto que solicite su custodia si no es posible la reunificación familiar. La gran mayoría de los niños liberados en estos casos son entregados a familiares cercanos mientras se dirimen sus procesos de inmigración.
Si la puesta en libertad no es posible por motivos de seguridad, el acuerdo establece que los menores deben ser alojados en el entorno menos restrictivo que resulte apropiado.
El acuerdo también establece normas sobre cómo los albergues autorizados deben proporcionar alimentos, agua, supervisión de adultos, servicios médicos de urgencia, retretes, lavabos, control de temperatura y ventilación.
Todo esto era originalmente responsabilidad del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos. Tras las reorganizaciones provocadas por los atentados del 11 de septiembre de 2001, el cuidado de los niños migrantes se dividió entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que forma parte del HHS.
En términos generales, los niños son responsabilidad del DHS después de que son detenidos al cruzar la frontera. Los niños no acompañados son entregados al HHS en un plazo de 72 horas y pasan a ser responsabilidad de esa agencia. A menudo viven en instalaciones diseñadas específicamente para niños hasta que son entregados a un familiar o tutor, un proceso que puede durar días, meses o a veces años.
En virtud del acuerdo Flores, los abogados que representan a los niños migrantes pueden visitar esas instalaciones y documentar las condiciones. A lo largo de los años han denunciado problemas en repetidas ocasiones.
El gobierno pretende poner fin parcialmente a la supervisión judicial, en concreto para los menores no acompañados que están bajo custodia del HHS. El cambio no afectará el trato que reciben los niños de antemano por parte del DHS.
“La única razón que me viene a la mente de por qué querrían hacer esto ahora es porque la política Flores es una piedra en su zapato”, dijo Leecia Welch, subdirectora de litigios de Children’s Rights, que representa a niños migrantes. “Podemos entrar en (sus) instalaciones cuando queramos, podemos hablar con los jóvenes allí, y cuando no cumplen, podemos presentar mociones para que cumplan, y eso no les gusta”.
El gobierno dice que la nueva norma, que entrará en vigor en julio, “aplica y va más allá” de las normas establecidas en el acuerdo Flores. Entre otras cosas, crea una oficina independiente de defensoría de los derechos humanos, establece normas mínimas en los albergues temporales de emergencia y formaliza avances en los protocolos de selección para la entrega de niños a familias y patrocinadores, y para los servicios jurídicos.
El acuerdo de 1997 no fue diseñado para estar vigente de manera indefinida, sino hasta la creación de una normativa gubernamental que cumpliera las normas Flores.
El juez que supervisa el acuerdo Flores tendría que aprobar la petición del gobierno.
Es previsible que los defensores de los niños migrantes se opongan a la medida del gobierno, lo que pondrá aún más tensas las relaciones del presidente Joe Biden con los partidarios de la inmigración durante un año electoral en el que se espera que el tema tenga mucha relevancia.
Jennifer Podkul, vicepresidenta de política y defensa de Kids In Need of Defense, dijo que el grupo reconoce los esfuerzos del gobierno por crear una norma similar al acuerdo Flores, pero le preocupa que elimine la supervisión por terceros de los centros que albergan a niños.
“Lo que espero es que haya un compromiso de transparencia, cada vez que un niño esté bajo custodia del gobierno, para garantizar que estos niños que ya han sufrido tantos traumas y tanto daño no se vean aún más perjudicados a manos del gobierno de Estados Unidos”, dijo Podkul.
Podkul señaló que algunos estados como Texas han dejado de otorgar licencias a esos centros, pero la nueva regla dice que el HHS puede seguir utilizando instalaciones en esos estados a pesar de todo.
Un tribunal de apelaciones había concedido previamente una solicitud del gobierno de Trump para poner fin a los requisitos del acuerdo Flores para el Departamento de Salud en 2020, aunque el cambio nunca entró en vigor. Un intento de levantar simultáneamente la supervisión en el DHS fue rechazado.
