Corte guatemalteca anula colaboración en caso Odebrecht

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CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo en Guatemala anuló un convenio de cooperación entre la fiscalía y representantes de la constructora brasileña Odebrecht, a solicitud del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, principal acusado de recibir sobornos en el país para favorecer con contratos de obras públicas a la constructora brasileña.

Se trataba de un “convenio de colaboración eficaz” una figura en la ley guatemalteca entre la fiscalía y la constructora brasileña, que aportó evidencia sobre cómo y a quién se pagaron unos 17,9 millones de dólares en sobornos para beneficio de la constructora. La misma sala ya había validado el acuerdo.

El fiscal Rafael Curruchiche anunció la decisión en un video la noche del viernes. Curruchiche dijo que quienes firmaron el convenio no tenían la legitimidad para hacerlo y que esas acciones eran delitos. Agregó que la decisión de la sala le daba la razón en su investigación contra operadores de justicia.

La resolución, que puede ser apelada, favorece a Sinibaldi.

Juan Francisco Sandoval, exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), quién logró el acuerdo de colaboración, dijo que era una “vergüenza que el fiscal estuviera celebrando una decisión de una corte que dejaba impune el caso, además que era parte de la campaña de desprestigio desde la fiscalía a operadores de justicia".

El exministro pasó más de seis años prófugo, pero se entregó en agosto de 2021, días después de que el fiscal Juan Francisco Sandoval, que lo investigaba, fuera destituido y se exiliara, diciendo que fue criminalizado por las investigaciones anticorrupción que realizó.

Sandoval fue destituido en julio de 2021 por la fiscal general Consuelo Porras, cuando recibió información sobre supuestos actos de corrupción del actual presidente Alejandro Giammattei. Porras es amiga del presidente Giammattei y no ha iniciado ninguna investigación por corrupción contra el presidente.

Tras la destitución de Sandoval, el Departamento de Estado norteamericano sancionó a Porras en septiembre de 2021, retirándole la visa de entrada a Estados Unidos por obstruir la lucha anticorrupción y socavar la democracia. Por su parte, Porras arreció las investigaciones contra funcionarios de justicia, activistas de derechos humanos y periodistas, acusándolos de diversos delitos.

Durante la administración de Giammattei se han exiliado más de 20 funcionarios de justicia que denuncian criminalización. Giammattei, que tiene previsto un viaje a Estados Unidos la próxima semana, ha dicho que irá al país del norte a presentar pruebas contra esos funcionarios.

Odebrecht fue investigada por sobornos en varios países.

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