Juez pide investigar a dos expresidentes salvadoreños

SAN SALVADOR (AP) — Un juez ordenó al Ministerio Público que investigue a dos expresidentes salvadoreños, a dos exministros y a dirigentes de partidos políticos por su supuesta participación en negociaciones con las pandillas.

En su resolución del caso denominado “Operación Cuscatlán” --entregada el viernes a la prensa-- el juez Godofredo Salazar ordena a la Fiscalía que amplíe las investigaciones contra los exmandatarios Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, contra el exministro de la Defensa, general David Munguía Payés, y el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, y contra líderes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y contra los integrantes de una red de pastores.

Recientemente Salazar proceso y condenó a penas de hasta 74 años de cárcel a 373 pandilleros de la Mara Salvatrucha, entre ellos 17 cabecillas, por los delitos de homicidio, tráfico de armas y pertenecer a organizaciones terroristas.

En el juicio, que se desarrolló por casi cuatro semanas, comparecieron los cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS 13) Borromeo Enrique Henríquez, alias “Diablito de Hollywood”; Saúl Antonio Turcios, alias “El Trece”; Arístides Dionisio Umanzor, alias “El Sirra”, y Carlos Tiberio Valladares, “El Snayder”, entre otros. Todos están aislados en una cárcel de máxima seguridad.

Según el documento, “resulta difuso identificar quien ejercía materialmente la administración (del dinero), pues los miembros de pandillas asignaban según su voluntad, incluso el recurso humano que laboraba la alcaldía”. También especifica que antes de los comicios presidenciales de 2014, los partidos Arena y FMLN, entregaron recursos en varias oportunidades a las pandillas.

Se afirma que el FMLN hizo seis entregas de dinero y que antes de las elecciones municipales y legislativas de 2015, el partido Arena entregó a las pandillas 69.000 dólares.

En la sentencia el juzgado certifica el documento a la Fiscalía “para que investigue los hechos y delitos que pueden configurarse según la prueba valorada” para cada uno de los mencionados en el desarrollo del juicio.

Recientemente el Ministerio Público presentó el requerimiento penal contra el exministro de Gobernación, Arístides Valencia; el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara; el alcalde capitalino Ernesto Muyshondt; el fallecido alcalde de Ilopango, Salvador Ruano; el exguerrillero Raúl Mijango; Wilson Alvarado; y el periodista Paolo Luers.

Valencia y Lara fueron funcionarios del gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), del FMLN, mientras que Muyshondt y Ruano han formado parte de la dirigencia de Arena.

Mijango, un excomandante guerrillero, y Luers, un periodista de origen alemán que formó parte de la guerrilla, fueron mediadores de la tregua entre las pandillas y el gobierno en 2012 durante el periodo del expresidente Mauricio Funes (2009-2014).

A todos se les atribuyen los delitos de fraude electoral y asociaciones ilícitas, pero la Fiscalía solicitó que sean procesados en libertad con el pago de una fianza de 100.000 dólares para cada uno y presentarse cada 15 días a la sede judicial que corresponda.

En el caso de Ruano, la fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo, ya que la ley establece que al haber fallecido se extingue la acción penal.

La Fiscalía también ha pedido a la Asamblea Legislativa un antejuicio para quitarle el fuero a Norman Quijano, expresidente del Congreso y actual diputado por el partido Arena, para que sea juzgado por los mismos delitos.

Según el reglamento de la Asamblea, la junta directiva conocerá la petición y formará una “comisión de antejuicio” para evaluar si hay elementos suficientes para que el diputado sea procesado penalmente.

La Constitución expresa que los diputados no podrán ser juzgados por delitos graves que cometan desde el día de su elección hasta el fin del período para el que fueran elegidos sin que la Asamblea declare previamente que hay lugar para la causa.

Esta es la primera vez que el Ministerio Público pide que se retira la inmunidad parlamentaria a un diputado señalado de tener vínculos con las maras o pandillas.

En El Salvador, las maras o pandillas están integradas por más de 65.000 jóvenes y adultos, en su mayoría miembros de la MS 13. Se encuentran en barrios y comunidades populosas y según las autoridades están involucradas en el narcotráfico, la extorsión y el crimen organizado.