Venezuela: Juez enfrenta cargos de huir para eludir pesquisa

CARACAS (AP) — El magistrado Christian Zerpa del Tribunal Supremo de Justicia enfrenta cargos de huir de Venezuela para eludir una investigación por acoso sexual, anunció el domingo Maikel Moreno, presidente del máximo tribunal venezolano.

En un comunicado, Moreno indicó que Zerpa es investigado desde el 23 de noviembre, cuando su expediente fue remitido al Consejo Moral Republicano, que está integrado por los titulares de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General y la Contraloría General, luego de reiteradas denuncias en su contra formuladas por funcionarias de su despacho.

El anuncio de la apertura de un proceso para destituir y enjuiciar a Zerpa fue efectuado un día después de la difusión de reportes de prensa que señalaban que el otrora magistrado de la Sala Electoral rompió con el gobierno de Nicolás Maduro.

Los 32 magistrados en total, entre ellos 13 electos en diciembre de 2015, fueron designados por el Congreso anterior, dominado por el oficialismo. La actual Asamblea Nacional, controlada por la oposición desde el 2016, asegura que fueron designados sin cumplir los procedimientos adecuados.

Zerpa es acusado de "conductas indecorosas e inmorales en detrimento de un grupo de mujeres que hacían vida laboral en su despacho, muchas de las cuales presentaron sus renuncias o debieron ser reubicadas en otras áreas" del Tribunal Supremo, indicó Moreno, según informó la estatal Venezolana de Televisión.

Sin mencionar el país en que se encontraría, Moreno afirmó que Zerpa se fue de Venezuela valiéndose del cargo.

Periodistas venezolanos que viven en Estados Unidos informaron sobre la huida de Zerpa y la relacionaron con la próxima juramentación de Maduro, quien comenzará un nuevo período de seis años a partir del 10 de enero.

Estados Unidos, Europa y varias naciones latinoamericanas, entre ellas 13 de los 14 países que integran el llamado Grupo de Lima _con excepción de México_, han desconocido la reelección de Maduro en una votación convocada el 20 de mayo por la oficialista Asamblea Constituyente, considerada ilegitima.

Zerpa, quien militó en el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), estaría dispuesto a colaborar en investigaciones que adelanta la justicia estadounidense por "corrupción y violación de derechos humanos", informaron periodistas venezolanos en Estados Unidos.

En un documento aprobado el viernes por la mayoría de los miembros del Grupo de Lima se reiteró que la reelección de Maduro "carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales". También pidieron al mandatario que transfiera el poder a la Asamblea Nacional hasta que se convoquen nuevas elecciones.

El Tribunal Supremo despojó de sus facultades a la Asamblea Nacional y declaró "inconstitucionales" y "absolutamente nulos" sus actos desde el 2016, argumentando que incumplió la orden de desincorporar a tres diputados opositores por supuestas irregularidades en su elección en diciembre del 2015.

Los tres congresistas, del estado sureño de Amazonas, renunciaron a finales del 2016 a sus cargos para facilitar un diálogo con el gobierno. Sin embargo, el Tribunal, valiéndose de tecnicismos legales, ha mantenido la medida contra la Asamblea Nacional, mientras que desde entonces la Sala Electoral dejó en el limbo el caso de las supuestas irregularidades en la elección de los diputados de Amazonas, privando a esa región de sus representantes en el legislativo, denuncian los críticos del gobierno.

Además, en junio del 2017 la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible el recurso interpuesto por el excandidato independiente Henri Falcón, el cual pretendía la nulidad de los resultados de los comicios presidenciales del 20 de mayo.

Los magistrados del Tribunal Supremo fueron ratificados en sus cargos en agosto del 2017 tras subordinarse ante la Asamblea Constituyente, quien está a cargo de reescribir la constitución y es controlada totalmente por el oficialismo. La constituyente se ha declarado con poderes sobre todas las demás instituciones gubernamentales, incluida la Asamblea Nacional.