Colombia: arrestan a tres soldados por muerte de campesinos
Colombia: prisión preventiva a tres ex soldados que habrían asesinado a campesinos para obtener vacaciones
La justicia colombiana ordenó el envío a prisión de tres ex soldados que en 2007 habrían participado en el asesinato de dos campesinos con el propósito de que les dieran dos semanas de vacaciones.
Los ex uniformados Norberto Segundo Córdoba, Walter Linsay Tano y Alberto Javier Rubio fueron afectados con una medida de detención preventiva por el supuesto doble asesinato en el departamento de Antioquia, al noroeste Bogotá.
Las víctimas fueron identificadas como Víctor Alonso Pérez y Francisco Segundo Sierra, quienes días antes de ser asesinados fueron abordados por un sujeto que los invitó a viajar a Turbo con una falsa promesa de trabajo. Una vez en el mencionado puerto sobre el Caribe colombiano fueron asesinados por una unidad militar.
Los hombres fueron luego falsamente presentados como guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) muertos en combate.
"Las víctimas fueron baleadas en estado de indefensión y cerca de sus cadáveres fueron dejados un fusil y una pistola", sostuvo la Fiscalía General en un comunicado. El ente investigador indicó que "por las supuestas bajas en combate los militares recibieron 15 días de vacaciones".
El capitán en retiro de la unidad militar será acusado en breve, de acuerdo con el reporte oficial. Otros cinco militares aceptaron cargos y firmaron un acuerdo con las autoridades para pagar 21 años de cárcel.
Lo propio hizo José Dionisio Ramos, un ex paramilitar que cumple varias condenas por prometer trabajo a campesinos y gente humilde cuando en realidad su objetivo era entregarlos a militares corruptos para que los mataran.
En octubre de 2008 el entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010) y su ministro de Defensa, el actual mandatario Juan Manuel Santos, destituyeron a 27 militares -entre ellos a tres generales- porque por acción u omisión habían permitido la muerte de civiles a manos de uniformados.
La Fiscalía inició ese año una vasta investigación y estableció que unas 4.000 personas habían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como "falsos positivos", en las que los uniformados hacían pasar las muertes de civiles por bajas en operacionales militares.
Varios centenares de militares activos y retirados están siendo investigados por estos hechos y siete tenientes coroneles y cuatro coroneles ya han sido condenados.
